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El Gobierno de Canarias acuerda someter a referéndum las prospecciones petrolíferas

AGENCIAS.-  El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes solicitar autorización al Estado para llevar a cabo una consulta ciudadana en relación a las prospecciones petrolíferas que se van a realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

Así lo ha anunciado tras un consejo extraordinario el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, que ha comparecido ante los medios acompañado por todos los miembros del Ejecutivo.

«¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?» será la pregunta que se someterá a referéndum, aunque aún se desconoce cuándo tendrá lugar dicha convocatoria.

La petición del Gobierno de Canarias va dirigida al Parlamento autonómico, que tiene que pronunciarse por mayoría absoluta. Seguidamente, será el presidente canario quien se tendrá que dirigir al Gobierno de España solicitando la autorización para llevar a cabo esta consulta.

En su intervención, Paulino Rivero indicó que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento contemplan este tipo de referéndum en asuntos de «especial trascendencia», como es la posibilidad de llevar a cabo prospecciones en el entorno de las aguas canarias.

Aclaró, además, que esta consulta es «absolutamente respetuosa» con el marco constitucional, por lo que «no tiene nada que ver» con la consulta soberanista que se prevé realizar en Cataluña.

Paulino Rivero señaló que en la reunión que mantuvo en enero con el presidente Rajoy –al que ha llamado hoy para informarle de este acuerdo– quedó claro que la voluntad es trabajar «codo con codo» en asuntos que sean de interés, y afirmó que esta consulta no será «un obstáculo» para la lealtad institucional mutua que ha surgido entre ambos gobiernos.

El presidente canario también confía en que el acuerdo del Consejo de Gobierno sirva para suspender cautelarmente cualquier tipo de actuación por parte de Repsol en aguas canarias hasta tanto el Gobierno de España no se pronuncie acerca de esta consulta.

Preguntado por una posible negativa por parte del Estado, Rivero manifestó que los siguientes pasos «se irán dando en función de las decisiones que se vayan tomando».

Asimismo, ha descartado dirigirse al presidente de Baleares, José Ramón Bauza, para llevar a cabo una consulta conjunta respecto a las prospecciones. «Ellos tienen una posición muy clara y no necesitamos tener como referencia lo que ocurra en otros territorios», dijo.

Postura de Soria

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mostrado este lunes su «respeto» a la iniciativa del Gobierno de Canarias para convocar un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, «siempre que lo haga en el ámbito de sus competencias».

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto informativo en La Palma, ha subrayado que en este campo, el Gobierno central «actúa, y todos los pasos se han hecho con el marco legal, tal y como demuestran los pronunciamientos del Supremo acorde a la legislación vigente».

Mientras,  Izquierda Unida Canaria (IUC) ha mostrado su apoyo a la propuesta del Gobierno de Canarias de celebración de una consulta popular para que el pueblo canario decida si se llevan a cabo o no prospecciones petrolíferas en aguas canarias.

En un comunicado, la formación recordó que el pasado mes de septiembre, IUC ya había pedido la celebración de un referéndum para que la ciudadanía sea la que decida si asume o no los «graves riesgos» que suponen las prospecciones para el archipiélago.

La formación señaló que la simple realización de prospecciones submarinas dañaría la imagen turística de las islas y que el propio Gobierno del Estado ya reconoció, en la respuesta a una pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, que, si se encuentra petróleo, «no habrá beneficios para Canarias».

IUC hizo especial hincapié que la gente afectada por las prospecciones petrolíferas es la que debe decidir qué hacer y que, por tal motivo, el pueblo canario «debe pronunciarse» mediante una consulta popular.

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