Las cajas de ahorro están íntimamente ligadas, desde su origen en el siglo XV, como Montes de Piedad, a las comunidades y territorios en que radican. Se caracterizan por destinar un porcentaje de sus beneficios a su obra social, y las corporaciones locales participan activamente en su funcionamiento.
Sucede así en la Caja General de Ahorros de Canarias, surgida tras la fusión de las dos cajas existentes en Santa Cruz de Tenerife, cuya trayectoria modélica no merece ser empañada por ambiciones políticas que nadie entiende.
La integración de CajaCanarias, el pasado año, en el grupo CaixaBank, no ha mermado una de sus grandes aportaciones, su Obra Social y Cultural, que permite dar salida a múltiples iniciativas que, de otra manera, no tendrían canal de financiación.
Parte de los beneficios de cada ejercicio se destinan a desarrollar proyectos en materia de educación, asistencia social, sanidad, investigación, cultura, deportes y medio ambiente, además de premios literarios y de investigación, becas, exposiciones y conciertos.
De justicia es recordar la implicación de su actual presidente, Álvaro Arvelo, nacido en Tacoronte, director de Acción Cultural de la Fundación CajaCanarias. Hace más de treinta años, en las tertulias impulsadas en su casa de La Laguna por Juan Ravina Cabrera, abogado de Estado, expresidente de la entidad y amigo personal, ya me hablaba de su currículo.
Profesor mercantil, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y ligado a CajaCanarias desde su adolescencia, Arvelo ha pasado por todos los puestos imaginables, desarrollando cargos de responsabilidad, sin saltarse ni un escalón en el camino.
Encabeza también el Patronato de la Fundación CajaCanarias, cuyo programa para 2013 contaba con 6,2 millones de euros, dirigidos a paliar necesidades concretas de nuestra sociedad, con apoyo a la educación, el empleo, la empresa, la cultura y el deporte. Nace por unanimidad de la junta anterior y con el beneplácito del Banco de España.
Esta labor queda ahora a expensas de la decisión, sin precedentes, del Ejecutivo regional de intervenir la Fundación y asumir su tutela. Un Consejo de Gobierno, prácticamente organizado con este fin un Miércoles de Ceniza, acordó extender su manto controlador sobre la entidad, al parecer, con el fin de tutelar su proceso de conversión en fundación de carácter especial.
Obviando los requisitos y plazos legales, que CajaCanarias cumplió escrupulosamente, el Gobierno habla de un discutible interés general para justificar una decisión que solo parece obedecer al afán de engordar su, de por sí, amplio catálogo de entidades públicas y semipúblicas.
Supone cuestionar irreparablemente la acción intachable y el rigor de patronos de prestigio, algunos de ellos representantes de entidades como Cáritas, la Cámara de Comercio, o la Universidad de La Laguna, y es una nueva muestra del espíritu ya conocido en esta parte del nacionalismo, de controlar por controlar, como si en lugar de ser administradores temporales de lo público, fuesen propietarios de las instituciones.
Este Gobierno que dice perseguir la viabilidad de la Obra Social, es el mismo que rebaja fondos para políticas sociales, cultura, investigación y desarrollo, mientras preserva entes de dudosa utilidad como la Policía Canaria, el Comisionado para el Autogobierno o decenas de empresas públicas prescindibles en situación de emergencia social.
La última exposición de la Obra Social es una retrospectiva sobre el artista lanzaroteño César Manrique, quien llegó a decir que “el mayor negocio de un país es la cultura de su pueblo”. Nunca mejor dicho.
El tiempo y la justicia darán o quitarán razones, pero mientras, exigimos respeto… Y recordamos que Canarias nunca ha sido ni será nacionalista.
No busquemos enemigos fuera en la defensa de Tenerife. Algunos oportunistas aprovechan para intentar hacer ver frentes contra nuestra isla.
En ese terreno nunca jugaremos: Canarias vale mucho más junta que separada.
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