El Tratado de Lisboa, firmado por todos los estados miembros de la Unión Europea en 2007, en cuya elaboración participamos representando al Senado español, consagra la universalidad y financiación pública de la sanidad con una libre provisión de servicios, y un método de acreditación homogéneo.
Los tres objetivos estratégicos comunes de la Unión Europea en esta materia son la promoción de la buena salud, la protección a los ciudadanos frente a amenazas externas, y el apoyo a los sistemas sanitarios de los estados miembros con el fin de responder a los retos del envejecimiento de la población, mejorar las expectativas de los ciudadanos y la movilidad de pacientes y profesionales. La colaboración público-privada se antoja ahora imprescindible.
Como integrantes del Distrito Europeo Sanitario Único que somos, los localismos no tienen cabida en nuestro sistema, y todas las soluciones básicas que se apliquen han de ser uniformes, con el fin de garantizar el mejor servicio al paciente-enfermo-cliente, verdadero y único centro de la organización.
Apenas un 20% de la población mundial accede a este derecho, pata fundamental del estado de bienestar. La garantía de nuestro sistema público de salud es la respuesta a un derecho ciudadano de elevadísimo coste, que los españoles citan como su quinta mayor preocupación en la actualidad. Si la vida no tiene coste, la sanidad sí lo tiene y es limitado.
Hay que mimar el sistema, entonces, para que no se nos gripe. Contamos con profesionales entre los mejores de Europa, dotados de preparación, medios e investigación punteras, que procuran ratios de calidad a la altura de cualquier país comunitario, con independencia de quien se responsabilice de su gestión en cada momento.
El necesario control del déficit público nos obliga a señalar prioridades a la hora de planificar el gasto, pero la sostenibilidad de este servicio ha de quedar asegurada. Cierto es que no puede haber de todo para todos durante todo el tiempo, pero también lo es que debemos mejorar en todas las facetas que colaboren a la gestión.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha planteado, por ello, una amplia reforma del Sistema Nacional de Salud, encaminada a garantizar que este servicio en España siga siendo público, universal y de calidad, con el objetivo de alcanzar un gran pacto que avale su solidez y garantice un nivel asistencial uniforme y una misma cartera de servicios para todos los españoles, independientemente del lugar de residencia.
La sanidad del siglo XXI ha de ser personalizada y cercana. La implicación de los ciudadanos es una necesidad objetiva del sistema para asegurar el mejor acceso a los bienes públicos sanitarios, completada con una correcta provisión de servicios, la reducción de listas de espera, y una adecuada cartera de compras.
Por otro lado, la inversión pública en investigación, desarrollo, innovación y divulgación (I+D+i+d) es fundamental no solo para garantizar la mejor atención y facilitar la labor de nuestros cualificados profesionales, sino también para procurar la complicidad del usuario, dando cumplimiento a un axioma básico: No hay buena sanidad sin medios de comunicación.
Como prueba del nivel de excelencia alcanzado, nuestra Organización Nacional de Trasplantes, única en el mundo y una de las mejores muestras de la Marca España, coordina anualmente los esfuerzos de centenares de profesionales españoles y europeos cuyo brillante rendimiento debería incentivar a todo el sistema a caminar por la senda del acuerdo y la excelencia, ajeno a valoraciones sobre la dirección política. Un sistema fuerte en general es el que permite logros como este, sin que la acción diaria y normal de la sanidad se resienta.
Llamamos, por ello, a no hacer política con la sanidad, sino a abogar por el consenso sobre la política sanitaria, y a trabajar sobre el pacto social por la sanidad que avale la prevalencia de un sistema cuya calidad es fruto del trabajo denodado de millares de profesionales que ponen su esfuerzo y formación al servicio del ciudadano. Y eso no se paga con dinero.
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