ACN Press.- El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad este miércoles una moción del grupo Parlamentario Popular para instar al Gobierno de Canarias a tomar las medidas necesarias para garantizar el pago a las oficinas de farmacia y así como la prestación y calidad del servicio, a la que los dos grupos que sustentan el pacto de Gobierno presentaron sendas mociones que fueron aceptadas parcialmente.
Por el grupo Nacionalista (CC-PNC-CCN), María del Mar Julios mostró su apoyo a la moción popular por “coherencia y responsabilidad”, aunque matizó que su respaldo estaba supeditado a una enmienda que cambia la moción popular en los cinco primeros apartados, por medio de incluir el verbo “continuar”, puesto que muchas de esas medidas el Ejecutivo “ya las está realizando”, lo que el PP no quiso aceptar.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista (PSC), Morera explicó la enmienda de sustitución al punto uno de la moción del PP, que modifica que no sean solo los canarios los que sigan recibiendo la prestación farmacéutica, sino “los pacientes del Servicio Canario de Salud”, el único punto aceptado por los populares tras rechazar una enmienda de adición por la que añadían, al punto de la central de compras, que esto “no debe significar monopolizar el suministro”, así como una enmienda de supresión al punto octavo, relativa a que la receta electrónica continuada se extiendiera a los centros sociosanitarios.
“Queremos garantizar a los ciudadanos el acceso a medicamentos y a las más de 700 oficinas que van a ser pagados por los medicamentos comprados”, insistió Roldós ante la Cámara, para lo que recomendó formalizar, junto a otras comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, una central de compras para adquisición de medicamentos y productos sanitarios, sin olvidar continuar las políticas de uso racional del medicamento, la promoción de la demanda responsable por parte de los ciudadanos y regular la prestación farmacéutica sociosanitaria.
Estas medidas surgen, a juicio de Roldós, porque la política farmacéutica seguida por el Gobierno regional va a llevar a Canarias a un “importante riesgo” de pérdidas de empleo y a que algunas farmacias puedan entrar en concurso de acreedores, sobre todo las adquiridas en los últimos cinco años, por lo que pidió el apoyo unánime de la Cámara a su iniciativa que plantea.
Al respecto, Julios preguntó a Roldós si con estas afirmaciones estaba criticando “su propia labor”, porque el Presupuesto que “ha heredado” la consejera de Sanidad es “el que dejó en la legislatura pasada”, tras afirmar que “si este año no se ha podido pagar en septiembre, salvo que se hagan modificaciones presupuestarias y se tomen medidas de economía de escala y uso racional del medicamento, nos encontraremos que en julio de 2012 no habrá dinero para pagar medicamentos”.
Según matizó Fabián Martín (PIL), “seremos valientes para intentar buscar una solución a una situación que no hemos generado”, a la vez que acusó al Gobierno de Canarias de “ocultar la realidad” y “esconderse cuando más falta hacía”.
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