Hay que cambiar lo que haya que cambiar para vivir mejor. Aplicado al ámbito individual, ya sabemos que suele ser un propósito que ponemos en práctica cada inicio de año o en cualquier otro momento. Pero aplicado a la comunidad en la que vivimos, la cuestión se torna más compleja. Si en el ámbito individual el peso de la costumbre se interpone muchas veces como un obstáculo difícil de superar, en el ámbito colectivo, las decisiones de cambio suelen venir hoy por vía legal. Es la ley, por su propio carácter general, el instrumento que se emplea para tratar de cambiar comportamientos y actitudes que en un momento determinado se manifiestan como merecedoras de tal. Sin embargo, cuando la ley no responde a un amplio deseo previo de que acontezca el cambio, ésta por sí mismo difícilmente lo traerá, o bien, cumplirá sólo con el cometido de establecer cuál sea el “deber ser” a seguir, que puede suceder no llegue nunca del todo a “ser” o, al menos, que sólo se establecerá como “ser” después de pasado un período de tiempo en el que la sociedad asuma y aplique en todos sus términos lo previsto por la ley.
Que la ley establezca que los puestos del personal al servicio de las Administraciones Públicas se asignarán en función del criterio objetivo de la capacidad y el mérito de los candidatos, supuso un cambio totalmente positivo no sólo para garantizar la profesionalización de la Administración, sino también, para garantizar los derechos de los ciudadanos en general y, en particular, de aquellos que con su esfuerzo personal deciden incorporarse a una organización cuyo único sentido es la de estar al servicio de los demás. Sin embargo, este claro mandato constitucional aún en la actualidad es objeto de incumplimiento por parte de muchos miembros de Tribunales de selección de personal, y si bien no puede decirse que el incumplimiento sea generalizado, sí que es cierto que existen incumplimientos clamorosos que socialmente siguen siendo “aceptados” y cuya pervivencia pone en cuestión la propia legitimidad del sistema en su conjunto. Baste pensar en cómo funcionan en muchas ocasiones los sistemas de selección del profesorado en las Universidades españolas. Cuando en ocasiones veo a algún sesudo catedrático universitario hablar sobre las “miserias de la clase política”, siempre pienso en las miserables componendas en las que el mismo haya podido participar dirigidas a burlar la ley.
Los ejemplos podrían multiplicarse, pero no resulta aventurado afirmar que una de las claves para el éxito del cambio es siempre la actitud personal. Bien está que las leyes traten de cambiar la realidad, pero no basta con ello. Es preciso además que nos involucremos personalmente en sacar adelante lo previsto por la ley, incluso aunque no estemos de acuerdo con ella, pues cuando esto último sucede, lo que habrá que hacer es defender que se cambie.
Guillermo Núñez
Añade un comentario