FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Rodarán cabezas | Francisco Pomares

Reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del lunes 24 de agosto, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria. Participó presencial o virtualmente medio Gobierno: Ángel Victor Torres, Román Rodríguez, Blas Trujillo, Julio Pérez, Manuela Armas y Chano Franquis.
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La Fiscalía Europea investiga ya hasta 24 contratos para el suministro y transporte de material sanitario durante la pandemia. Se trata de determinar si en esas adquisiciones del Gobierno de Ángel Víctor Torres, realizadas con fondos europeos, hubo malversación o prevaricación. No es un asunto menor: el montante total del dinero gastado en esos contratos roza los 32 millones de euros, y en todos se pagó un precio muy superior al de mercado.

Lo más grave es que parece existir un evidente ‘modus operandi’ en todas las adquisiciones realizadas con dinero de Europa, que se encuentran actualmente bajo investigación: por un lado, son compras a empresas con escasa o nula tradición o experiencia en la venta de material sanitario, y por otro lado, se producen pagando siempre el doble –o el triple en algún caso-, del valor real de las mercancías en ese momento.  Es cierto que el precio de mercado fue bastante elástico durante esos días posteriores a que el Gobierno Sánchez renunció a centralizar o -al menos- a liderar las compras de insumos sanitarios, decretando que cada cual debía buscarse su guiso por su cuenta, como en un “sálvese quien pueda”. Esa decisión –por otro lado inexplicable-  provocó que todas las administraciones acabaran haciéndose la competencia para agenciarse lo que hubiera disponible. Fue un auténtico caos: hubo ayuntamientos del Sur de Tenerife que compraron directamente en China, pisándose con otras corporaciones y entidades públicas en su desesperada búsqueda de mascarillas, EPIs o lo que fuera.  Eso disparó los precios, por supuesto. Pero incluso considerando el contexto, lo que el Gobierno de Canarias y su Servicio de Salud pagaron por material inservible en algunos casos, o incluso innecesario en otros, resulta bochornosamente desproporcionado.

Las cosas se hicieron muy mal, y ha sido de una enorme torpeza no reconocer desde el principio algo que es obvio para cualquiera. El Gobierno de Canarias ha estado demasiado pendiente de mantener contra viento y marea la idea absurda de que todo se hizo estupendamente, que nadie metió la pata (o la mano, que es bastante peor) y el silencio y el rechazo a admitir errores por parte de nuestros próceres florales –como es frecuente en política- ha resultado completamente irrentable e incluso contraproducente.

Nadie ha sido capaz de aclarar desde su antigua responsabilidad como miembro del Gobierno, el por qué se compró a las empresas a las que se compró, y no me refiero sólo a las empresas recomendadas por Koldo que acabaron siendo elegidas por el Gobierno bis que –en realidad- era el comité que decidía todas y cada una de las compras. Me refiero también a episodios tan poco claros como el colegueo de mesa y mantel con RR7 y sus mariachis, que se levantaron cuatro kilos por el morro, y nunca entregaron lo que se había pagado, ni devolvieron el dinero. Me refiero también a esa pléyade de contratos en los que se recurrió al procedimiento de urgencia sin necesidad, o se produjo –al amparo del procedimiento de emergencia- un desmoche total de las garantías y procedimientos que contemplan las leyes, y que ni siquiera el procedimiento de emergencia permite saltarse por la jeta.

Después, una vez consumado el estropicio de decenas de millones adjudicados sin garantías, lo que se hizo –cuando aún gobernaba el pacto de las flores, fue tapar lo que se había hecho mal: el bloqueo del PSOE y de Nueva Canarias –los dos partidos que sostenían el Gobierno- al informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre las compras, no es que resulte sospechoso. Más bien deja meridianamente claro que el Gobierno quería evitar que se removiera un asunto del que se sabía que muchas cosas no se habían hecho correctamente.

Por eso se opusieron también los partidos del Gobierno a la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre las mascarillas. Exactamente la misma comisión que ahora han apoyado el PSOE y Nueva Canarias, pasándose los argumentos que esgrimieron hace un año para oponerse por el arco de triunfo.

Porque ya no hay forma de tapar lo que realmente ocurrió. El Gobierno es aquí otro, los medios contrarios al Gobierno –al de Sánchez- han entrado a degüello, y el escandalo se ha extendido como una pringosa mancha de aceite. Ahora, con el asunto ya judicializado, no hay nada que se pueda hacer para tapar lo que pasó. El PSOE esgrime la presunción de inocencia, pero ha perdido la iniciativa: se ha instalado en la opción de atrincherarse y resistir cubriendo a su oposición con toda la basura posible. Seguirán haciéndolo mientras puedan, a ver si logran aguantar al menos hasta que lleguen las primeras sentencias. Que llegarán tarde o temprano, y harán rodar sin duda cabezas.

Cabezas que nunca imaginamos pudieran rodar por esto.

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