El precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado este lunes en su tercer precio más alto de la historia. Esa subida repercute en la tarifa regulada, que es la que soportan casi 11 millones de consumidores y sirve además como referencia para los restantes 17 millones que contratan en el mercado libre. De poco sirve explicar que tras la nueva subida de precios se encuentran el aumento del coste del gas, o los derechos de emisión de C02, que durante este año ha sufrido una creciente escalada, alcanzando sus máximos históricos.
En esa situación, el Gobierno Sánchez pretende cancelar a partir de principios de año la rebaja que aprobó a la factura de luz el pasado mes de septiembre. Transición Ecológica ha sacado a consulta pública una propuesta de orden ministerial que dinamita la rebaja de septiembre, reduciéndola en más de dos tercios de lo aprobado hace tres meses. Si prospera la propuesta del ministerio, y es perfectamente posible que sea eso lo que ocurra, las familias españolas pagarán por los cargos –la parte de la factura de la luz que ingresa el Gobierno- ¡¡¡16 veces más!!! que en los últimos meses. Toda la palabrería del Gobierno en relación al precio de la electricidad, las baladronadas sobre la intervención a las eléctricas y las promesas de utilizar la fiscalidad para equilibrar la factura se van al garete. Sólo tres meses después de haber aprobado la intervención.
Sinceramente, resulta difícil entender qué diablos piensa el Gobierno, qué mecanismo emocional espera disparar en 28 millones de consumidores forzosos de electricidad, a los que en septiembre se les prometió intervenir en la factura.
Por recordar que no quede: justo un mes antes de que el PSOE, Unidas Podemos y un abanico de fuerzas nacionalistas, secesionistas y abertzales convirtiera a Sanchez en presidente, tras prosperar una censura contra Mariano Rajoy, el entonces líder del partido morado, Pablo Iglesias denunciaba que las tarifas eran abusivas: “Necesitamos un Gobierno que entienda que encender la luz es un derecho”, decía –megáfono en mano- en una concentración en la madrileña calle de Alcalá, frente a la sede de la Comisión del Mercado de la Competencia, exigiendo una investigación a las eléctricas ante la subida de la luz, por si hubieran cometido irregularidades. También exigía al Gobierno de Rajoy poner fin “al vaivén de los precios de la electricidad”, del que responsabilizaba al propio Gobierno.
Podemos había iniciado esa campaña de movilizaciones en diciembre de 2017, pero la presión política contra el Gobierno, acusado de connivencia con las eléctricas, y las movilizaciones en la calle fueron subiendo cuando el mes de enero de 2018 el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó su pico más alto, casi 102 euros por megavatio hora. Ayer, 13 de diciembre de 2021, menos de tres años después, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista se situó en 268 euros, y la tarifa a pagar por los usuarios superó los 315 euros al final de la tarde. Un momento perfecto para anunciar la ‘reversión’ -curioso palabro- de las medidas que permitieron bajar los precios finales durante dos meses.
Uno se pregunta qué clase de movilizaciones prepara Podemos ante este nuevo desprecio del Gobierno –del que Podemos parece que no forma parte- a los consumidores, o por la connivencia de Sánchez con las eléctricas, contra el ministerio de Transición Ecológica o quien se les ponga por delante. Aunque ahora –alcanzado el cielo y desaparecida la pobreza energética- las reivindicaciones de Consumo se concentran en huelgas simbólicas como esa de los juguetes que -puño en alto contra el sexismo-, el ministro Garzón concluyó ayer en el Retiro ante una mengua tropa de menos de medio centenar de entregados seguidores. No consta si entre los juguetes y juguetas y juguetos en huelga los había también a pilas. Recargables o no.
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