Alternancia política. Qué bueno que saliera a la luz el expediente de la compra/ venta por parte del Cabildo de Tenerife de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Club Deportivo Tenerife -el equipo de fútbol, se entiende, y perdón por la redundancia-. Cosa buena la alternancia política: entra el nuevo, abre las gavetas y pregunta por lo que encuentra. Podría ser que la Justicia concluya que esta operación inmobiliaria fue una actuación administrativa impecable y la cosa quede ahí. Habrá que esperar. Las cuestiones legales tienen su enjundia en un país garantista como el nuestro, es frecuente que iniciativas que parecen un disparate conceptual encuentren encaje legal.
Axiomas. El expresidente de BBVA, Francisco González, empleaba un principio moral que admite muy poca discrepancia, afirmaba que cualquier conducta empresarial (personal) debía ser legal, ética y publicable. Él fue víctima de su propia medicina con aquel turbio asunto de Villarejo, al que contrató para investigar a sus adversarios, que puede que fuera legal, pero no supera los otros dos axiomas del buen comportamiento.
Ético y publicable. La noticia de los terrenos de Los Baldíos salió en prensa en 2011 con bastante detalle. Una mera búsqueda en Internet permite acceder a la información: la salvación del CD Tenerife, la aportación de 18 millones de euros de dinero público por parte del Cabildo, una hipoteca con Caja Canarias, Miguel Concepción, Ricardo Melchior, …publicar se publicó. La justificación iba implícita en la noticia: salvar al CD Tenerife de la desaparición justo después del descenso al pozo de la Segunda B, añoranza de la prodigiosa década de los noventa, partidos de la UEFA, el fútbol como motor económico, tinerfeños y sus colores, tinerfeñistas y sus sentimientos, miles de aficionados desconsolados en el peor momento de aquella crisis. Salvar al “Tenerifito” al precio que fuera. No es un relato sencillo, ojo, que muchos vivimos la época de esplendor y todavía duele. Soporte ético también hubo.
Dar explicaciones. La situación del Club era de dominio público después de la debacle de la última etapa de Javier Pérez tras una política de fichajes inexplicable, malos resultados deportivos, endeudamiento y una nefasta gestión. La intervención pública llegó por interés político para la captura de votos o por interés propio, que también es conocida la inquebrantable devoción futbolera del entonces presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. “Si te interesa un equipo de fútbol te vendo el CD Tenerife por 1 euro” me dijo uno de los empresarios que reclutaron para poner dinero o para avalar los préstamos, no sé bien, que es casi peor. Salvar la sociedad anónima deportiva mediante ampliaciones de capital y nuevos grandes accionistas, evitar la quiebra y las explicaciones. Y así fue. Después, como todo aquello no fue suficiente, se montó la operación de los terrenos con el Cabildo.
Cómplices. Aunque de forma interesada alguien pueda sostener lo contrario, en las administraciones públicas locales mandan sus funcionarios. Profesionales de alto nivel que superan estrictos procesos de selección y con habilitación especial para los puestos clave. En una democracia como la española la posibilidad de ser elegido se limita a saber leer y no estar inhabilitado para ello. El político propone cosas, el funcionario ejecuta y garantiza la legalidad y el ciudadano ejerce el control mediante la transparencia. Cuando salta un caso como este, con grandes cantidades de dinero público para iniciativas que -cómo poco- no son competencia, deberíamos saber qué dijeron los funcionarios de esos contratos y de esos pagos, los de la propia institución y los de la Audiencia de Cuentas responsables de auditar, estará escrito, …cómo salió ese dinero de las arcas del Cabildo.
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