No sale bien parado el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en el Informe sobre Transparencia Canaria (ITC), elaborado por el Comisionado específico, Daniel Cerdán, al que aludíamos ayer. El gobierno local debe no haberse tomado en serio esto de la transparencia a tenor de la calificación obtenida en 2017: 3,21, apenas 87 centésimas más que el año anterior (2,34), una subida ínfima que sitúa al consistorio en antepenúltima posición de los treinta y uno evaluados, igualado con Vilaflor y tan solo por delante de Icod de los Vinos, La Guancha y Tacoronte. Es un suspenso sin paliativos.
Las referencias que hay que tomar son la nota media ponderada de la isla, según población, un 7,28 en 2017 frente al 4,26 de 2016; y la media real interanual, 6,42 frente a 3.71. Ya comentamos que los avances permiten hablar de una mayor sensibilidad de los gestores públicos locales, al menos a la hora de valorar la importancia del concepto transparencia en la política de nuestros días y de su reflejo en el funcionamiento de las instituciones públicas.
Pero bueno, viendo las notas del Puerto de la Cruz no se puede decir lo mismo. Por esta vez, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición, Marcos González, ha tomado la iniciativa y ha sido muy crítico, sobre todo, a la hora de enfocar la notable dejación que hace el gobierno (PP+CC) en lo que se refiere a hacer llegar la información y a su escasísima propensión a facilitar canales de participación e interactuación.
Desde luego, si el gobierno local cree que la gente no se entera de estas cosas, anda equivocado. Vamos a dar por seguro de que es consciente del extendido malestar (especialmente apreciado en redes sociales) a cuenta de una gestión deficiente en algunas materias. Colectivos profesionales se quejan; hay núcleos de población donde la desatención y los problemas cotidianos se van multiplicando; las soluciones a algunos de ellos no llegan o se eternizan; la realidad que se proyecta al exterior no es, desde luego, la más gratificante.
Si a todo eso se añaden el oscurantismo y el incumplimiento de obligaciones legales para acreditar los niveles de transparencia de una gestión, los resultados de esta evaluación ni extrañan ni hablan a favor del gobierno que, por cierto, termina el mandato y no se conocerá el contenido del pacto que lo sustenta. Precisamente ese es el pecado original: por ahí empieza lo contrario a la transparencia. Si no han sido capaces de manifestar en público en qué condiciones están gobernando a los portuenses, punto de partida, qué puede esperarse luego.
Una somera visita al portal y unos pocos ejemplos para explicar tamaño suspenso: las últimas informaciones enopen data las encontramos en 2016, a cuenta de las festividades locales. Luego está el listado de calles. Y después la distribución de la población según nacionalidades. No hace falta decir mucho más: el examen no resistiría la prueba del personal, proclive a ser incorporado como clientela, pese a que la normativa lo prohíbe, significativamente en las sociedades públicas (Pamarsa): contrataciones, categorías, destinos, nombres y salarios,
Alcalde y gobierno deben hacérselo mirar en serio. Y a la oposición le han servido otra bandeja para fiscalizar con rigor. Esto no es para tomárselo a broma, sobre todo teniendo en cuenta los avances de otros consistorios. Las negligencias, el pasotismo y la indolencia no son de aplicación en las coordenadas de la transparencia. Son unas calificaciones bajísimas, reveladoras de que la gestión administrativa no es nada buena.
El “seguimos trabajando” empleado como lema debería estar acompañado de pruebas tangibles de medidas que sean contrastadas y sometidas al proceso de información
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