Asustan las cifras pero como es muy difícil, por no decir imposible, entender la economía, la hiperinflación y el control de cambios de Venezuela, habrá, cuando menos, que no extrañarse: entre el oscurantismo con que el régimen totalitario chavomadurista administra las finanzas y los recursos públicos; los tres ceros que, inopinadamente, suprime el presidente de la República de los billetes y de los precios; las trapisondas del que ya se conoce como narcorégimen; la inseguridad galopante; las dificultades para el abasto de gasolina -¡quién lo iba a decir!- o para comprar un pan y un huevo; agotada, en fin, la capacidad de asombro en un país, otrora democracia próspera, que ha experimentado en carne propia el fracaso de un proceso revolucionario, marean las cantidades registradas en un informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela.
Al cierre del ejercicio de 2017, hace poco más de tres meses, el Gobierno ha triplicado los noventa y siete mil millones de dólares invertidos en 2015, importe dedicado a publicidad y propaganda, “con el fin de discriminar a la prensa privada con tendencia crítica, fomentar la independencia y forzar al ejercicio de un periodismo cada vez menos incómodo para el poder”, según puede leerse en el estudio de IPYS.
El ministerio de Comunicación e Información recibió en 2015 -cuando se celebraron elecciones parlamentarias- una consignación presupuestaria -a saber cómo la vistieron- de trescientos ochenta millones de dólares, un 118 % más que lo autorizado, en tanto que la partida dispuesta para gastos por servicios de información, impresión, relaciones públicas, publicidad y propaganda se elevó a quinientos setenta y cuatro millones de dólares. En 2016 fue dedicada a estos fines la una suma equivalente a ochocientos ochenta y un millones de dólares, de los cuales casi cuarenta y cuatro fueron destinados específicamente a publicidad y propaganda.
Para que no haya dudas de cómo se las gasta el régimen, citemos unas palabras del ex ministro de Comunicación, Andrés Izarra, hace ya una década: “Durante mi gestión, y mientras el presidente de la República (entonces, Hugo Chávez) delegue en mi la potestad de administrar los presupuestos del Estado, los medios golpistas no contarán con un solo bolívar del pueblo de Venezuela para publicitar la gestión gubernamental”.
Y así ha pasado de todo: desaparición de cabeceras, cierre de empresas editoriales, medios que no pudieron continuar, libertad de prensa amenazada, profesionales perseguidos y credibilidad mediática muy mermada. El régimen aprieta… y ahoga. Sin miramientos. Les da igual: es cuestión de lo que sea con tal de mantenerse en el poder.
El informe del IPYS es tajante: “En Venezuela, la publicidad oficial es una suerte de laurel o escarmiento. En este país, de manera cotidiana, las instituciones estatales castigan a los diarios que dan cabida a las denuncias ciudadanas y la crítica contra el Gobierno, mientras que sus páginas predilectas para pautar los anuncios publicitarios y propagandísticas son las de la prensa estatal y los medios privados que mantienen una línea complaciente”.
Por eso, las cantidades triplicadas no deben extrañar. Así crece el poder mediático, así se presiona, se discrimina y se excluye, se censura y se autocensura. Así se ejercita el dominio de las concesiones del espectro radioeléctrico. Así, cualquiera. Derrochando sin pudor y sin control. Y todavía quieren legitimar como elecciones libres y plurales las que se avecinan. En esas condiciones, todo menos libertad, pluralismo, fiscalización y democracia. Esos valores han quedado proscritos. Y si es a base de dólares, da igual.
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