EBFNoticias | El Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife manifiesta su absoluta disconformidad con la sanción de 1,455 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 9 Colegios de Abogados de distintas provincias, entre los que se encuentra, por supuestamente realizar “una recomendación colectiva de precios” tras los juicios de afectados contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.
El ICATF reitera que no es cierto que haya realizado recomendación alguna de precios ni directa ni indirectamente. Los honorarios de los abogados Santa Cruz de Tenerife, al igual que en el resto de España, se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria.
El expediente se inició en virtud de denuncia presentada por Bankia, en la que ponía en conocimiento de la CNMC que, en el marco de las demandas presentadas contra dicha entidad por su Oferta Pública de Suscripción de Acciones de 2011, varios Colegios de Abogados estaban aplicando unos precios vinculados a unos criterios orientativos para la tasación de costas, ocasionando un sobreprecio de las costas.
La resolución dictada poniendo fin al expediente establece que, en el caso del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, esta conducta se habría venido produciendo desde marzo de 2010 hasta, al menos, julio de 2016. Entre otros, este fue unos de los principales motivos por el que la anterior Junta de Gobierno del Colegio, modificó el nombre de los Criterios de honorarios que existían en el Consejo Canario de Colegios de Abogados y los pasó a llamar Criterios de Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife a efectos de tasación de costas y jura de cuentas, y posteriormente los derogó por completo.
Sin perjuicio de lo anterior, lo que a todos los Colegios de Abogados del país llama la atención es que de nada sirva que la existencia de esos criterios, únicamente a efectos de tasación de costas y jura de cuentas, esté expresamente reconocida la Ley de Colegios Profesionales y que además la Ley de Enjuiciamiento Civil hace preceptivo el informe de los Colegios de Abogados en los procesos de impugnación de tasación de costas por entender excesivos los honorarios de los letrados.
Ante esta situación el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife manifiesta su intención de acudir a la vía judicial, para que sean los tribunales los que finalmente decidan. Así lo van a hacer todos los Colegios afectados y así se planteará también en la Junta de Gobierno del ICATF que es la que tiene que tomar la decisión.
Esta problemática no está únicamente vinculada a los nueve Colegios sancionados sino que es un problema que afecta a toda la abogacía nacional y con el que desde hace muchos años se viene luchando desde el Consejo General de la Abogacía Española, entendiendo que se trata más de un problema político que jurídico, pues da la impresión de que el Ministerio de Economía quiere acabar con lo que ellos entienden que son una especie de privilegios gremiales, y de nada ha servido hasta ahora que desde las instituciones colegiales se insista en que la existencia de los criterios de honorarios a efectos de tasación de costas y jura de cuentas, además de estar expresamente previstos en una norma con rango de ley, son una garantía para el ciudadano que interviene en litigio y que tiene derecho a saber a cuánto puede ascender la condena en costas en caso de perderlo.
Esta resolución no es firme y el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife junto con lo otros ocho Colegios afectados anuncia desde este mismo momento su decisión de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en la que contará con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, esperando que las autoridades judiciales dejen sin contenido el acuerdo de la CNMC.
El Colegio de Abogados de Tenerife pone de manifiesto que crear incertidumbre en el desarrollo de un servicio público poniendo trabas a la misión que, por ley, tienen encomendada los Colegios de Abogados va a provocar graves perjuicios al justiciable y al propio desarrollo de la administración de justicia.
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