Las leyes no son inamovibles, no son compartimentos estancos, no se hacen para la eternidad. De hecho, las leyes tienen que ir acomodándose a los tiempos de vigencia de la misma.
El problema del legislador es que legisla siguiendo los criterios de la oligarquía capitalista, se crean leyes civiles que van en contra de toda lógica pero que, siendo así, beneficia a los de siempre.
Si se reforma una ley se hace de manera que salga beneficiado el más poderoso, la ley hipotecaria es una muestra del inmovilismo de leyes obsoletas y cuando se hace algún cambio es para modificarla añadiendo artículos que perjudican al de siempre, al currito de turno, igual pasa con la ley de arrendamientos urbanos. que de ser de un pasotismo histórico en contra del arrendador, ahora se ha pasado a tal estado de la cosa que el arrendatario parece, de entrada, un bulto sospechoso.
La ley penal, la laboral, las leyes que van en contra de la propia Ley de leyes etc. se dictan a la carta de espurios intereses políticos o económicos.
La Constitución Española no es intocable, como no lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las principales Cartas Magnas de los países más democráticos del mundo, han sufrido importantes reformas a lo largo de los años de vigencia, cosa normal en sociedades que se transforman y adaptan a los tiempos y circunstancias que les toca vivir.
Nosotros, los que votamos la Constitución del 78, teníamos problemas distintos a los que tienen la mayoría de los españoles del siglo XXI y el año 2017, nuestra juventud es distinta, nuestra sociedad también.
El país ha sufrido una enorme transformación, la crisis primero y el comportamiento de los políticos elegidos para llevar el timón del país, ha hecho que el desencanto de la gente sea de tal magnitud que se ha perdido el sentido patrio del ciudadano medio, al que le importa bien poco la tan cacareada unidad nacional. Hoy por hoy las medidas de recortes han producido tal rechazo en la sociedad que cada cual barre para su casa, importándole bien poco el vecino.
Un 47% de los catalanes han dicho no al Estado Español, que no a España, un resultado que no siendo mayoritario si es lo suficiente preocupante para cambiar lo que se tenga que cambiar, incluida la Constitución Española.
Los españoles, debiéramos empezar a pensar que la democracia que habíamos soñado en los años de la dictadura franquista no es la que soportamos ahora, que, en realidad, no hemos obtenido otra cosa que una dictacracia, o sea una dictadura disfrazada democracia.
Cataluña no es ajena al hecho diferencial de la modernidad; la gran mayoría de los catalanes no son independentistas, eso lo sabemos todos, porque la mayoría de los catalanes saben muy bien que la independencia, por lo menos durante los primeros 30 años, solo creará miseria para todos y eso es una verdad irrefutable. Sin embargo, hay que dar una respuesta a las propuestas de participación del pueblo en las políticas de todo tipo, ya sean sociales o no.
Es necesario y urgente reformar la Constitución española del 78, introduciendo elementos nuevos que otorguen el poder soberano a los ciudadanos españoles, que seamos nosotros, todos nosotros, los que con nuestros votos y por mayoría decidamos nuestro futuro. La reforma constitucional es prioritaria, mal nos iría si hiciéramos caso omiso a tantas personas que quieren que se oiga su voz, que quieren participar con su voto en construir una nueva España, más justa y solidaria para todos.
Dejemos de mirar nuestro ombligo, levantemos las miradas más allá de nuestras narices, dejemos el miedo, apartemos las fobias y las filias del pasado y miremos el futuro de nuestros hijos con ilusión y esperanza.
La reforma de la Constitución deberá servir para hacer un referéndum donde se proponga, no solo el derecho de los españoles a su autodeterminación, además el derecho de todos los españoles a elegir su forma de gobierno, su forma de estado, ratificando la monarquía parlamentaria o, en su caso, el cambio hacia una república democrática.
Es la única forma, para que los españoles empecemos a creer que vivimos en un auténtico estado de derecho y democrático.
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