Mientras otros gobiernos han mirado hacia otro lado o han tirado la toalla, llegando incluso a cerrar hospitales y colegios, en Canarias -donde sí creemos en lo público- durante los últimos años hemos defendido contra viento y marea los servicios esenciales.
Las dificultades presupuestarias, los recortes sociales del Gobierno del Estado, no nos lo han puesto fácil, obligando a enormes esfuerzos y sacrificios por parte de todos.
Hemos apuntalado los servicios públicos a pesar del PP, y lo hemos hecho con menos recursos de los que realmente harían falta –y demandamos- para que los ciudadanos reciban sin dificultades o trabas las prestaciones que merecen.
En todo momento hemos trabajado con el compromiso de afianzar los servicios públicos, y lo hemos hecho –entre todos- a pesar de las dificultades económicas, de las restricciones presupuestarias, de la ola privatizadora, de unas políticas por parte del PP que estrangulanpresupuestariamente a las comunidades autónomas.
Hemos construido barreras de protección para blindar la educación, la sanidad y las políticas sociales. Después de siete años de crisis económica, en Canarias no se ha cerrado ningún hospital, no se ha cerrado ningún colegio; al contrario, hemos abierto centros sanitarios y hemos incrementado la oferta educativa.
Después de siete años, estamos consiguiendo que las cosas empiecen a mejorar. Después de siete años de enormes dificultades Canarias lidera la recuperación y cerraremos 2014 con un crecimiento económico superior al que registrará el conjunto del Estado.
Según reflejan innumerables informes y análisis, en Canarias las cosas se han hecho razonablemente bien. Miles de familias siguen con enormes problemas, y aún queda mucho por mejorar. Las dificultades no han terminado, pero avanzamos más y mejor que otros territorios hacia la recuperación.
Ahora que todo apunta a que la coyuntura económica comienza a mejorar, es el momento idóneo para dar un paso más hacia la justicia social que siempre ha defendido el Gobierno que presido.
Los pasos que estamos dando hacia la recuperación deben verse reforzados con una reforma fiscal, en la que estamos trabajando, que tenga en la justicia social su razón de ser. Con el sostenimiento de los servicios públicos esenciales como línea roja que mi Gobierno jamás se va a saltar, impulsaremos una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y para que paguen menos los que menos tienen.
Canarias tiene capacidad normativa, en el 50 por ciento del tramo autonómico del IRPF, para establecer modificaciones que apuntalen la progresividad del mismo, del modo que la contribución de cada ciudadano esté mejor relacionada con su nivel de renta. Una cuestión ésta que las reformas impulsadas por el PP -con una reducción generalizada de tipos- han ignorado.
La intención del Gobierno de Canarias al promover esta reforma fiscal es intensificar la progresividad del impuesto en su tramo autonómico, de modo que éste se ajuste a la capacidad real de contribución del ciudadano.
Esta medida no constituye sino otro paso más del Gobierno en la defensa de un modelo de sociedad basado en la cohesión social, en la cohesión económica y en la igualdad de oportunidades. En la convicción de que es preciso avanzar –hoy más que nunca- en una política con enorme sensibilidad social.
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