Pocas actuaciones urbanísticas, desde luego, han sido un cúmulo de infortunios y contradicciones como la remodelación del paseo san Telmo en el Puerto de la Cruz. Desde la concepción del proyecto hasta su ejecución -lenta ejecución- en nuestros días, media una notable controversia social aún no resuelta, por cierto, desde un ángulo judicial, y que se ha visto aderezada por circunstancias tan dispares como el rechazo a las firmas de ciudadanos que, sin estar en desacuerdo con una mejora del bulevar, pedían fuesen respetadas las señas de identidad patrimonial urbana; las manifestaciones populares de rechazo; la discrepancia entre la plataforma ciudadana Maresía y el Cabildo Insular a propósito de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC); la desaparición -sin que jamás se haya sabido si fue recuperado- de un tractor-grúa; el descubrimiento de unas fosas cercanas a la ermita o la instalación de un acceso provisional a la acotada zona de baños que ha merecido toda suerte de comentarios, nada elogiosos. Solo falta que el juez competente dictaminase la reposición del muro de protección destruido -vaya breva si cayera- para contrastar que una especie de maldición se ha cernido sobre el proyecto y su materialización.
La penúltima variación sobre el mismo tema -entiéndase el adjetivo ordinal como inevitable, tal como han discurrido las cosas- la constituye el sobrevenido criterio de conservar o fijar, previo adecuado y ajustado tratamiento, la rampa provisional habilitada para la realización de los trabajos, principalmente para el desplazamiento de la maquinaria que, desde la avenida Colón y las inmediaciones de la ermita, ha de bajar hasta la arena de la playita y la terraza colindante.
Lo que va de ayer a hoy. Asistimos en su día a la presentación del proyecto, cuando ya se barruntaba -tal como dijimos a Fernando Senante, ex director gerente del Consorcio- la gran contestación social que iba a tener si se advertía, como ocurrió, indicios de destrucción. Entonces, se planteaba que la solución técnica para superar las barreras y facilitar la movilidad de los discapacitados era muy complicada, por no decir imposible, dados los desniveles. Entre los respetables criterios de los responsables técnicos de la obra y la falta de voluntad política -refugiada en tales criterios- parecía que serían inamovibles las soluciones originarias. Ahora, a medida que se ha ido configurando la aludida rampa, son los responsables políticos municipales quienes abiertamente se muestran partidarios de su mantenimiento sobrevenido, da igual -según ha podido leerse- que incumpla la Ley de Accesibilidad -a ver cómo se justifica la infracción, si es que se consuma- o que se desconozca cuál es su incidencia en los importes presupuestados del proyecto, sujetos, como se sabe, a ciertos condicionantes de financiación. Naturalmente, la polémica tardó poco en cobrar cuerpo y aún quedan aristas que retocar.
Lo dicho: un cúmulo de sucesos que probablemente hayan hecho pensar a más de uno que, de haberlo sabido, no hubieran emprendido. Entre sensibilidades populares, desdichas, contradicciones e incumplimientos, es como si la desgracia se hubiera cebado en el célebre paseo.
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