AGENCIAS.- La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a veinte personas de entre 25 y 41 años por la venta ilegal de contratos y nóminas, por lo que se les acusa de un presunto delito de falsedad documental y otro contra la hacienda pública y la seguridad social.
Según se informa en un comunicado, las investigaciones se iniciaron a finales de 2013 tras detectarse una empresa que obtuvo unos 59.000 euros de beneficio por la venta fraudulenta de este tipo de documentos, 29.000 euros por la venta de contratos y nóminas, y 30.000 euros por el cobro de prestaciones o subsidios.
Los contratos eran comprados principalmente por extranjeros con el fin de regularizar su situación administrativa, todo ello facilitado por una empresa dedicada al control de los accesos en comunidades de propietarios y establecimientos hoteleros.
La venta se realizaba previo pago de diversas cantidades que oscilaban entre los 1.000 y los 1.500 euros por contrato, así como 400 euros por nómina y mes, cantidad que era abonada por los falsos trabajadores con la finalidad de seguir dados de alta en la Seguridad Social.
El principal investigado, administrador único de la empresa, vendía dichos contratos a diferentes precios, en función de la duración del mismo o si se trataba de media jornada o jornada completa, o bien si era para formalizar trámites en extranjería para su regularización en territorio nacional.
El uso de estos contratos y nóminas permitía a sus compradores demostrar ante la Oficina Única de Extranjeros de la capital tinerfeña una relación laboral lo suficientemente duradera para obtener las renovaciones de sus situaciones administrativas en España.
El empresario también vendía estos documentos a ciudadanos españoles que demostraban con sus altas en la Seguridad Social una serie de días cotizados que les permitía percibir las prestaciones y subsidios por desempleo acordes a los días que habían cotizado.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería, Grupo I de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y la Tesorería Provincial de la Seguridad Social.
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