AGENCIAS.- El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha explicado, durante la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que el Estado «está bloqueando económicamente a Canarias» en materia de carreteras.
Berriel ha realizado estas declaraciones en respuesta a la reunión mantenida, este pasado jueves, entre el Ministerio de Fomento y Gobierno de Canarias para la revisión del convenio de carreteras por los reajustes económicos que está llevando a cabo el Gobierno de España.
«La reunión fue absolutamente insatisfactoria. La Dirección General de Carreteras sigue haciendo propuestas que, desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, son totalmente inaceptables», añadió.
La polémica ha surgido después de que el Ministerio de Fomento haya propuesto al Ejecutivo regional recortar el convenio vigente en unos 600 millones de euros, algo que en Canarias se considera «totalmente inaceptable».
«En esta legislatura –de 2011 a 2015–, con los recortes propuestos por el Estado, el Convenio de Carreteras perdería una inversión de unos 600 millones de euros, y eso es algo absolutamente inaceptable. Pretenden poner, en los ejercicios futuros, lo mismo que han puesto este año, unos 54 millones de euros», explicó Berriel que matizó que con estas cantidades «las obras contratadas se ven totalmente imposibilitadas y en la ruina, con destrucción de empleo».
Ante esta situación, la Administración autonómica ha decidido interponer una demanda que «se ampliará tantas veces como sea necesaria», y han asegurado que esta situación «se va a discutir en los tribunales», aunque saben que el Estado tiene a su favor la lentitud de este tipo de procesos.
Propuesta
El consejero ha explicado que la propuesta planteada desde Canarias «es una propuesta razonable» desde el punto de vista económico en los tiempos que corren, y que con un poco de esfuerzo «las obras podrían sacarse adelante».
«Nosotros hemos hecho una propuesta para adaptarnos, donde las anualidades de 2014 en adelante se aplazarían hasta 2020, y no terminar el convenio en 2017, sino en 2020, a un ritmo de unos 150 millones al año, lo que significa una reducción razonable en ese esfuerzo que debemos de hacer», declaró.
Por el contrario, la reducción del convenio firmado que pretende llevar a acabo el Gobierno de España es «totalmente diferente», ya que se pasaría «de forma radical» de una subvención de unos 225 millones de euros a 54, lo que en palabras de Berriel supondría «la paralización de la gran mayoría de las obras», algo que le «parece insultante».
Por último, el consejero ha explicado que esta reducción presupuestaria afecta a «una veintena de obras aproximadamente, y todas ellas con muchas dificultades», por lo que se intentará buscar un punto de acuerdo pese a advertir que por parte del Estado «no hay voluntad alguna de llegar a ningún tipo de acuerdo».
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