Todo da a entender que llegan las vacaciones con la incertidumbre a cuestas de la vigencia del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) cuya paralización inmediata -junto a la convocatoria urgente de la conferencia sectorial durante lo que resta de julio- han solicitado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el Partido Socialista Obrero Español y las comunidades autónomas donde gobierna.
Si no hay entente con el ministerio, preparémonos para un comienzo de curso conflictivo. Lo que se pide, sencillamente, es no poner en marcha la implantación de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, programada para el próximo curso escolar, así como las denominadas evaluaciones finales de etapa. Quienes se oponen a la Ley, fraguada y aprobada durante la etapa de José Ignacio Wert al frente del departamento, siguen reivindicando diálogo pero deben ser conscientes de que el tiempo se echa encima. Son vacaciones, comienzo del curso y convocatoria electoral de forma muy seguida. Aún así, seguirán intentándolo, basándose en la carencia de homogeneidad en la fase inicial de la implantación, en la necesidad de aumentar los recursos para becas y en la recuperación de los programas de cooperación interterritorial.
El caso es que si la LOMCE ha ocasionado malestar y desconcierto desde su aprobación, a medida que se aproxima el comienzo del curso escolar 2015-16, tras un cambio político en muchos territorios, ahora nos encontramos en una fase determinante. El dato del rechazo a la Ley en comunidades que alcanzan el setenta por cierto de la población educativa es significativo. Por eso decíamos que había que estar atentos, porque tras la reunión de responsables socialistas se ha anunciado una campaña de acción social y política orientada a la paralización del calendario planificado.
Confiemos en que las discordias no distorsionen el arranque del nuevo ciclo ni perjudiquen a la comunidad educativa, alumnos y padres incluidos. Si las partes, en efecto, están de acuerdo en alcanzar unos mínimos de estabilidad en la normativa en la que ha de basarse el funcionamiento del sistema, no tienen más remedio que agotar las vías de diálogo hasta lograr unos acuerdos que favorezcan el desarrollo de un modelo avanzado y cada vez menos sujeto a vaivenes políticos.
Tener en la educación una fuente de conflictos casi permanente es abonarse a serias incertidumbres, por decirlo suavemente.
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