FIRMAS Francisco Pomares

A babor. El palacete. Por Francisco Pomares

Carlos Alonso le ha pedido a Fernando Clavijo la residencia presidencial de Vistabella, para darle un uso social. El edificio, un inmueble construido en los años 30, fue comprado por Jerónimo Saavedra en julio de 1987 por 65 millones de pesetas (algo menos de 400.000 euros) para convertirlo en residencia del presidente del Gobierno en la capital tinerfeña. No llegó a estrenarlo, aunque sí fue habitado por Olarte, y por el propio Saavedra algunos años después y sólo en breves ocasiones, pero lleva ya sin usarse de manera continuada desde hace más de ocho años, después de que lo abandonara su último inquilino, Adán Martín, que vivió en él tras su separación matrimonial, mientras se acababan las obras de rehabilitación de su nuevo domicilio. Desde entonces, el deterioro de la residencia ha sido creciente, y su falta de uso convirtió el palacete en una suerte de lastre, que implica importantes costes de mantenimiento y -sobre todo- de vigilancia y seguridad. El anterior vicepresidente, José Miguel Pérez, un tipo poco dado a los excesos y los fastos, no quiso usarlo como residencia, y el Gobierno de Rivero decidió ponerlo a la venta en 2012 por 1.200.000 euros, entre otras cosas porque en Tenerife, desde que se inauguró el gigantesco búnker de la Presidencia frente al edificio de Usos Múltiples, se dispone de un apartamento pequeño y discreto. Presidencia sí mantiene la residencia de Ciudad Jardín en Las Palmas, un chalet que Rivero ha usado estos últimos ocho años, y que ahora ocupará Clavijo.

La cosa es que -con esto de la crisis- la casa de Vistabella sigue sin venderse, y que Alonso ha planteado una petición que se me antoja absolutamente razonable: para que la casa esté cerrada, mejor darle un uso social. Alonso plantea usarla para crear o bien un centro de apoyo a personas con trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia, o bien para acoger y atender a niños y jóvenes autistas. Más allá de los problemas formales que pueda plantear la recalificación y la cesión del uso de la propiedad del Gobierno al Cabildo, resulta difícil no aplaudir una propuesta que no sólo es sensata y razonable, sino que encaja perfectamente con el espíritu de esos nuevos tiempos y nuevas formas de hacer política que se reclaman desde la sociedad. No creo que hubiera nunca un tiempo en el que esta Autonomía necesitara grandes residencias para sus presidentes. Pero si lo hubo, ese tiempo pasado se lo ha llevado la crisis. Ahora, después de tantos años de sufrimientos y estrecheces, la sociedad canaria reclama a sus dirigentes que actúen rompiendo con rémoras y clichés y entiendan que el valor de la representación no tiene que ver con los signos externos, sino con la capacidad práctica de resolver los problemas de los ciudadanos, especialmente de los más débiles, los ancianos, los enfermos, los que sufren, los que lo no tienen nada.

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