Con la ayuda de las fiestas, ómicron va a contagiar a millones. En Canarias, el crecimiento de las cifras aturde. Las excursiones por las farmacias en busca de test se han convertido en un vía crucis. En los hospitales estamos como estábamos al principio de la pandemia, pero con el personal ya agotado. Nos estamos acostumbrando a cifras que nunca creímos posibles. Cifras que se duplican cada dos días, que crecen exponencialmente en un continuo de contagios y más contagios, ocupación de camas hospitalarias y de cuidados intensivos, y muertes. Cifras que adelantan una situación de colapso cercano sin que nadie parezca estar dispuesto a asumir el control del desastre responsabilidad. Y lo peor es esa creciente sensación de que nadie va a informar –quizá porque nadie lo sabe- cómo va a seguir esto, que va a pasar después, cuando parará.
Pedro Sánchez anunció con cierta teatralidad este domingo que se reuniría hoy con sus colegas de las Comunidades Autónomas, en una conferencia de Presidentes con el único orden del día de hablar de esta ola más bien tsunami, del impacto de ómicron en España y de a quién le corresponde hacer algo, que parece que desde luego, a él, no.
Es sorprendente como Sánchez limita su responsabilidad a reunir a sus conmilitones y dar consejos de prudencia. Y es que hemos ido dando carta de naturaleza a situaciones absurdas: aceptar como si fuera algo natural que en España haya diecisiete administraciones diferentes adoptando medidas diferentes sobre territorios y personas a los que la enfermedad no asimila como diferentes. Cualquiera con dos dedos de frente, antes que aceptar este sistema que hace que nadie tenga responsabilidad directa por la inadopción de decisiones, pensaría que lo idóneo sería un mando central, una autoridad con capacidad para coordinar la intervención de todos los estamentos implicados en esta gigantesca crisis que ya se arrastra desde hace dos años. No hay muchos ejemplos de países que ante la crisis planetaria producida por esta devastadora enfermedad contagiosa, hayan decidido prescindir de un control nacional de las grandes decisiones. Es increíble que Moncloa centralice férreamente la gestión de las ayudas europeas –como centralizó durante la primera fase todas las que tenían que ver con las compras- pero considere que la respuesta sanitaria a la pandemia tiene que mantenerse fuera de su ámbito.
Personalmente siempre he creído que es de una extraordinaria cobardía que el Gobierno de la nación –que en los primeros momentos de la pandemia forzó el marco constitucional para hacer y deshacer a su antojo- se haya desentendido en nombre de la cogobernanza de sus obligaciones más básicas: proteger la salud, la vida y la economía de los ciudadanos del país.
Pero nos lo hemos tragado: hemos aceptado un sistema que no funciona, no nos informa con coherencia, no legisla sobre la pandemia, ya no da instrucciones ni es capaz de responder ante nada. Nos hemos tragado que el Gobierno, dos años después, no haya puesto en marcha un marco legal –una ley de pandemias- que permita actuar con mayor eficacia, dando a los tribunales un instrumento en el que basar sus autos y sentencias, más allá del criterio interpretativo de los jueces. Nos hemos acostumbrado a que los periódicos publiquen todos los días el goteo de muertos que facilita Sanidad, todos con “patologías previas”, como si ya aquí nadie se muriera por Covid sin que estuviera escrito en sus genes o sus células que le tocaba morirse.
La peor patología previa que infecta nuestro cuerpo social es nuestra creciente adaptabilidad ante los relatos construidos, las mentiras, los lugares comunes, el absurdo, lo políticamente aceptado. Ante el egoísmo político y el cainismo de nuestros próceres, cada día más centrados en ellos y en la defensa de sus privilegios. La verdadera patología que acabará por destruir lo mejor que somos y tenemos es la instalada incapacidad para someter este tiempo de disparates e incoherencias a la razón y el pensamiento crítico.
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