FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Parques, jardines y baladronadas | Francisco Pomares

Amazing view of arch way in Garcia Sanabria park. Location: Cacti garden in Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canary Islands. Artistic picture. Beauty world.

Después de muchos años de una juerga corrupta en todo el país, con las grandes empresas licitadoras de servicios municipales pringadas hasta las cejas en la compra de políticos de todo tipo y pelaje, y peleándose a muerte entre ellas por controlar las mesas de contratación, el Gobierno Rajoy mandó a parar la fiesta –en la que se lo habían pasado bastante muchos de los suyos- poniendo en marcha la reforma de la contratación pública, plasmada finalmente, en noviembre de 2017, en una nueva ley de Contratos del sector Público en España, mucho más restrictiva y limitadora de la arbitrariedad política en la adopción de decisiones. La ley constriñó los procedimientos de adjudicación directa, reduciendo –incluso por debajo de los estándares europeos- las cantidades que las administraciones podían contratar sin licitación pública o con escaso control de la misma. Uno de los principales objetivos de esa nueva ley fue, según reza su preámbulo, el de “lograr una mayor transparencia en la contratación pública”.

Pero la cosa fue algo más allá de la transparencia, cuando se enfrentó a su paso por el Congreso: los partidos lograron, en el trámite del proyecto por la Cámara, quitar el máximo poder posible a los políticos en todas las decisiones relativas a contratación, para evitar –o al menos reducir- las prácticas  corruptas, los porcentajes del tres y el cinco por ciento en comisiones, que durante años infestaron la política española. Tras la aprobación de la nueva ley, el poder de adjudicación no se ha vuelto más transparente, sencillamente ha cambiado de manos. Ahora recae en los técnicos, en los funcionarios.

Y ocurre que la tentación de dejarse corromper no es intrínseca de la condición de político, pero sí de la de los seres humano. El esfuerzo realizado por las empresas licitadoras para meterse en el bolsillo a los políticos, se dirigió a partir de la nueva ley a técnicos y funcionarios. Son centenares los casos que se han visto desde 2017 en los que dos o más empresas licitadoras se lanzan salvajemente a por los técnicos, prometiéndoles el oro y el moro. No han estallado grandes casos de corrupción, pero muchas licitadoras siguen actuando como siempre, aunque –no siendo tan claro el perfil político de quienes deciden las adjudicaciones- el foco sobre la corrupción se ha atenuado. Pero haberla sigue habiéndola. Y presiones, y amenazas e intentos de compra. Ocurre incluso en los contratos dónde menos se espera.

Tomemos, por ejemplo, un gran contrato -pendiente de valoración técnica- para adjudicar el servicio del mantenimiento y conservación de los jardines y zonas verdes de la capital chicharrera. Su presupuesto base supone la astronómica cifra de 26 millones y medio de euros, que podrían convertirse, si se prorroga el contrato dos años más -como está previsto en los pliegos del concurso convocado por el Ayuntamiento- a los 46 millones y medio. Es mucha pasta y son muchísimos los intereses en juego. El consistorio ha intentado actuar con cautela, manteniéndose al margen de la pelea de las empresas, y convocando un concurso ejemplar, con un pliego preparado por la Unidad Técnica de Parques y Jardines, integrada por técnicos especialistas, conocedores de la situación de los parques de la ciudad. Al haber participado en la preparación del pliego, todos ellos han sido excluidos de una mesa de contratación en la que ahora no hay ni un solo profesional que sepa de jardines, parques o zonas verdes, nadie cualificado en botánica, jardinería, floricultura o urbanismo verde. Lo que hay son técnicos abogados y economistas, dispuestos a adjudicar rápidamente y lavarse las manos.

Ocurre que una concreta empresa licitadora anda presumiendo de controlar la mesa, de haber colocado a un par de técnicos agradecidos. Probablemente sea una baladronada de algún gerente imbécil. En ese contexto, es conveniente saber quiénes están informando las propuestas técnicas, en base a qué cualificación, estudios y conocimientos, y cuál ha sido el criterio y procedimiento para decidir que sean ellos y no otros los técnicos que estén ahí. Es mejor dejar las cosas claras.

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