A finales del año pasado, concretamente el 9 de diciembre, analicé en este mismo blog los resultados de las elecciones catalanas y advertí sobre las consecuencias que podría tener para la cohesión del Estado el aumento de las tensiones territoriales.
Dije, hace ahora cuatro meses, que los resultados electorales en Cataluña lejos de pacificar la situación provocaría mayores encontronazos, y apunté que más pronto que tarde el Gobierno del Estado caería en la tentación de desbloquear la situación a golpe de concesiones.
Ante esa eventualidad, ya entonces anuncié que Canarias estaría muy atenta al proceso de diálogo que se iba a abrir en Cataluña –sin perder de vista los procesos que están echando a andar en Euskadi- para que nuestro Archipiélago pudiera avanzar hacia una mejor financiación.
En aquellos días muchas voces me indicaron que no habría concesiones, que el Estado no cedería un milímetro ante las pretensiones de la Generalitat. Se equivocaron, y también lo hicieron quienes creyeron ver en el resultado de aquellas elecciones la defunción del independentismo catalán. Tanto se equivocaron que, lejos de pasarme al augurar concesiones, me quedé corto, pues difícilmente pude imaginar que esa negociación entre el Estado y Cataluña se llevaría a cabo a escondidas, sin luz, sin taquígrafos, sin transparencia y, desde luego, sin sentido de Estado. Actuar de esa manera es, sin duda, un sinsentido de Estado.
El Estado toca fondo cuando un presidente del Gobierno negocia a escondidas con un presidente de la Generalitat. El Estado toca fondo cuando se oculta a los ciudadanos y a las comunidades autónomas el contenido de dichas conversaciones. El Estado toca fondo cuando se humilla al Consejo de Política Fiscal y Financiera iniciando una línea de negociación paralela en un espacio que si no es clandestino se le asemeja. Cuando esto ocurre, y está pasando, es que –como alguien apuntó recientemente- este modelo de Estado no funciona.
Con dinámicas como ésta, el PP –y un Rajoy tan irreconocible como superado por los acontecimientos- lejos de resolver la creciente crisis económica, política e institucional lo que está haciendo es convirtiéndose en un problema para España.
Es inadmisible –y así lo consideran muchos dirigentes del propio PP– que los presidentes Rajoy y Mas hayan celebrado una reunión en la que, decretado un apagón informativo, solo cabe concluir que han cocinado esas concesiones a Cataluña, especialmente en materia de financiación –una reunión que ha sembrado la incertidumbre en los llamados barones del PP, quienes ya han alertado de los riesgos que supondría privilegiar a una comunidad autónoma por encima de las demás; eso sí, como suele ocurrir, el PP canario no se da por aludido, porque ni está ni se le espera en la defensa de Canarias-.
Nos hallamos ante una estrategia del Gobierno del Estado para desactivar o, al menos, atemperar el ánimo soberanista catalán. De acuerdo con las informaciones periodísticas que se han publicado al respecto, Rajoy estaría pergeñando un plan de financiación que incluiría –además de un mayor margen en el tope de déficit de Cataluña- un cambio en el sistema de financiación.
Lo dije en diciembre y lo reitero hoy: en España se van a ofrecer respuestas excepcionales para afrontar situaciones igualmente excepcionales, y Canarias no debe mirar hacia otro lado ni desaprovechar la ocasión cuando eso ocurra. Porque Canarias es, objetivamente, el territorio que más precisa de políticas singulares, de una mejor financiación, de que se asuman sus reivindicaciones en aras de la justicia y la solidaridad.
Hemos respetado siempre el marco constitucional y lo seguiremos haciendo, pero aspiramos a cambiar las cosas aprovechando las posibilidades que nos ofrece ese mismo entramado legal e institucional. El Gobierno del Estado ha de ser consciente –y comprensivo- ante nuestra realidad, diametralmente diferente a la de los territorios continentales, para evitar desafectos.
El Estado debe tener en cuenta nuestras demandas –juiciosas y realistas- para que el territorio más alejado no se sienta, además, el más desamparado.
Canarias ha hecho sus deberes con una probada lealtad institucional y, en justa correspondencia, necesitamos un trato diferente que nos permita seguir avanzando en la recuperación económica y conseguir que ésta sea una tierra de oportunidades.
Canarias no es menos que nadie y aspira a todo, como la que más. Quienes pretendan avanzar negociando de espaldas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por lo tanto de espaldas a las comunidades autónomas, contarán con el absoluto rechazo de Canarias y, llamativamente, todo parece indicar que también con el de las comunidades gobernadas por el PP.
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