FIRMAS

Arbitrios en el puerto de Santa Cruz. Por José Manuel Ledesma

Desde los primeros momentos de la colonización, los Almojarifes y Quintadores establecidos en los aledaños del muelle, pesaban y controlaban los productos consignando los aforos en el cuaderno de asiento a la vez que cobraban las correspondientes exacciones en dinero o especies. Estos donativos a la Corona servían para reparar el puerto y realizar las fortificaciones que la Plaza necesitaba.
Las primeras tasas que se aplicaron a la importación de productos, los “Quintos sobre las Presas”, fueron concedidas por los Reyes Católicos, el 13 de julio de 1492, y consistían en obtener la quinta parte de los derechos al asaltar esclavos, apoderarse de su ganado y llevarse de la Isla cuanto pudiesen.

Años más tarde se aplicó el “Diezmo Eclesiástico” y el “Haber del Peso”, y en 1516 se introdujo el “Almojarifazgo”, consistente en una contribución a la Corona, del tres por ciento, en todas las mercancías que entraran o salieran por el muelle.

Además, existían otros gravámenes como el “Flete y Talega”, el “Registro” y “La Avería” que aquí, dado la libertad de comercio que gozaba la Isla, no llegaron a aplicarse con el fin de favorecer el desarrollo económico y portuario.

En el siglo XVII, los puertos españoles sostenían la pobre economía de la época, mediante el impuesto conocido como el “Diezmo del Mar”, y el Derecho de Anclaje, creado en 1626 con su escala de valores, que aumentaba el tributo en la misma medida que lo hacía el número de toneladas del barco (toneles machos).

En 1659, y con un plazo limitado de diez años, aunque con posterioridad se prorrogaría, el Cabildo acordó el nuevo arbitrio del “Uno por Ciento” en todos los productos que entraran y salieran por el muelle, y el “Donativo”, que empezó siendo tal como su nombre indica, una dádiva, pero que pronto se transformó en arancel. Como a partir de los progresos técnicos y de la piratería, aumentó el número de navíos de escolta, se les obligó a pagar otro gravamen denominado «La Avería».

El reglamento de comercio de 1718, a la vez que reguló las transacciones mercantiles de Canarias con Las Indias, restringió nuevamente las mercancías, aunque ampliaba el número de puertos con los que se podía comerciar; por ello, para evitar pagar los impuestos, se institucionaliza el comprar géneros importados, pagándolos con productos del país; de esta manera, entraron en Santa Cruz cantidades de tabaco y azúcar cubano como contrapartida a los caldos exportados. Mediante este procedimiento, que se fue perfeccionando y se practicó a gran escala, el vino cargado en Santa Cruz, se cambiaba por esclavos en Angola, que a su vez eran vendidos en Brasil; luego, para no volver con el dinero, los barcos regresaban abarrotados de azúcar.

Esta limitación de tonelaje y de puertos comerciables, dio lugar a un intenso tráfico clandestino, con el único propósito de romper el monopolio castellano en América. Por último, el Reglamento de Libre Comercio, promulgado por la Corona en 1778, significó la supresión de las barreras y limitaciones mercantiles en el Archipiélago.
En 1786, se establece en Santa Cruz el Real Consulado de Mar y Tierra de Canarias, que funcionaría como Tribunal de Comercio. Los recursos de este consulado procedían del gravamen del 0,5 por ciento sobre los frutos y productos que salían o entraban al desembarcadero.

Un escribano en tierra y otro a bordo, controlaban la carga que a su vez fiscalizaba el guardamayor; abonados los Reales derechos se le entregaba al maestre el registro de las mercancías y el barco se hacía a la vela. El Real Consulado de Mar y Tierra de Canarias contribuía frecuentemente con el puerto, pagando las reparaciones que éste necesitaba.

Las franquicias fueron primordiales en el proceso económico de la Isla, pues aliviaban las cargas fiscales sobre los productos de exportación, impulsaban las posibilidades económicas y convertían al puerto en importante plaza de carboneo y aguada. No obstante, este recrudecimiento de la presión fiscal ocasionado por el desarrollo y la revolución industrial, fue una traba para la economía canaria.

En 1820 se implantaron nuevos aranceles de aduanas, determinándose una escala única de gravámenes para cada operación de importación-exportación. Como esta nueva regulación suprimía las pocas libertades de las que Canarias disfrutaba, José Murphy y Meade, comerciante de ascendencia irlandesa y representante del Consulado Marítimo Canario, así como Diputado por Tenerife, llevó a Madrid la propuesta de un régimen económico particular para las Islas, denominado Real Decreto de Puertos Francos, con la sugerencia de franquicia para los buques de escala que visitaban los puertos canarios, y consiguiendo (11 de julio de 1852) una derogación especial para el Archipiélago, que supondría la eliminación de trabas en el comercio local y una solución para la recaudación de arbitrios, a la vez que permitió que barcos de bandera extranjera navegaran entre las islas.

La creación de los Cabildos Insulares, ley de 11 de julio de 1912, trajo consigo un nuevo planteamiento en el esquema de financiación de las corporaciones locales canarias, pues el artículo 5 de la citada ley dice: «que su hacienda estará constituida por los arbitrios y demás recursos autorizados por la ley municipal a los ayuntamientos, previo informe de los mismos».

Por Real Orden del 14 de febrero de 1914, se le autoriza al Cabildo de Tenerife el Arbitrio a la exportación e importación de mercancías, con sus excepciones correspondientes en: equipajes de viajeros, mobiliario y enseres particulares, carbones minerales, aceites pesados, víveres y repuestos para buques. Al principio, la base imponible estaba en razón del peso de las mercancías, pues su antecedente histórico fue el denominado haber del peso, pero en 1947 se modificaría según el valor de las mismas. En 1972, año de su finalización, el tipo de gravamen era diferente en cada una de la Islas, siendo en la de Tenerife del 3 por ciento.

En 1916 se le autorizó al Cabildo de Tenerife a gravar con un impuesto el consumo específico a los alcoholes y aguardientes que se importaran (0,20 pts. por litro), mientras que los que se elaboraban en la Isla contribuían sólo con 0,10 pts. por litro.

En 1937, el Cabildo Insular sería también el encargado de la exacción y administración del arbitrio sobre el tabaco. Su recaudación se dedicaría exclusivamente a remediar las necesidades derivadas del paro obrero.

La Ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias (REF) suprimiría, en 1972, año de su implantación, los arbitrios anteriores, y los sustituiría por un nuevo Arbitrio insular a la entrada de mercancías, a la vez que creó el Arbitrio sobre el lujo. Al propio tiempo estableció una Tarifa Especial, de carácter proteccionista, que gravaba la importación de los productos industriales que sean de la misma naturaleza que los que se fabrican en Canarias.

El REF, en su artículo primero, instituía «establecer un conjunto de medidas económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo económico y social del Archipiélago», así como «ratificar, actualizándolo, el tradicional régimen de franquicias de las Islas Canarias».

El Arbitrio sobre la producción e importación en las Islas Canarias (APIC), se aprobó el 7 de junio de 1991, dentro del marco de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Comunidad Europea. Se trataba de un tributo transitorio, que sólo se aplicaría hasta el 31 de diciembre del año 2000, cuando entraría el Arancel Aduanero Comunitario.

Aduana
En 1718 se procedió en España a una reforma general de la Hacienda Real copiada del modelo francés; ello explica la aparición en Canarias de la figura del Intendente General -cargo que recayó en Ceballos- el cual ordenó fabricar el edificio de la Real Aduana por donde tenían que entrar y salir las mercancías a La Caleta. La puerta del rastrillo de la aduana cerraba el acceso al puerto, desde el toque de oración hasta el alba. Pasada una década, un incendio en el que ardieron los caudales del Estado, así como mercancías y géneros de particulares, la haría desaparecer.

Bonito Pignateli la reconstruyó (1742) en la plataforma pegada al fortín que defendía el desembarcadero; resultó ser un inmueble de dos pisos en el que destacaba su portalón de entrada, enmarcado por una moldura de mármol blanco, magníficamente labrada, rematada por las armas de España. La puerta principal daba a la calle de La Caleta, vía que luego se llamaría de la Aduana, de la Tesorería y del General Gutiérrez.

La noche del 28 de agosto de 1784, se incendió una casa en la calle de Sol, las llamas no pudieron ser sofocadas y se propagaron rápidamente; para evitar que el fuego llegase al edificio de la Real Aduana y al Castillo de San Cristóbal, los cañones dispararon y derribaron los edificios fronterizos para servir de cortafuego. Las campanas de las Iglesias y del Castillo tocaron a rebato, y aunque la gente vino desde La Laguna y pueblos limítrofes para colaborar en la extinción, ardieron treinta y una casas, con vigas de tea, y otras veintiuna quedaron derrumbadas.

La nueva edificación permanecería en pie hasta 1940 en que fue derruida para construir el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, aunque con anterioridad había desaparecido la Capilla de la Real Aduana que, bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Aire, gozaba de singular devoción entre capitanes, maestres y dueños de navíos.
Actualmente, las funciones aduaneras corresponden a la Administración Principal de Aduanas e Impuestos Especiales, integradas en la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria Estatal.

 

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