AGENCIAS.- El Ministerio del Interior priorizará el ingreso en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de personas de fuera de España que hayan cometido algún delito con el fin de hacer efectiva su expulsión en los sesenta días que marca la Ley.
Así lo ha asegurado el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que ha presentado este lunes en el CIE de Barcelona las líneas básicas del reglamento que regulará el régimen de organización y funcionamiento de estos centros, y que ha comparecido en sustitución del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que no ha acudido a la cita por problemas de agenda.
Este reglamento, que estaba pendiente de elaborar desde 2010 y el Ministerio quiere sacar adelante antes del verano, buscará también una mayor implicación de las ONG en el trabajo asistencial en los centros y más transparencia en su funcionamiento.
Este papel más relevante de las ONG en labores asistenciales irá acompañado de una mayor separación entre esta función y la seguridad de los centros, que llevará «en exclusiva» la Policía Nacional, conforme ya había avanzado el titular de Interior.
Sin embargo, aunque los agentes se dedicarán exclusivamente a la seguridad, recibirán también una formación específica y «adecuada a la naturaleza de estos centros», según ha explicado Ulloa.
El nuevo reglamento contempla también un cambio de denominación, y lo que hasta la fecha son conocidos como Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pasarán a denominarse «Centros de Estancia Controlada de Extranjeros».
Además, se garantizará la asistencia médica a los internos para garantizarles «una estancia lo más liviana posible», según ha explicado Ulloa.
Perpetúa el modelo policial
Por su parte, la Plataforma ‘Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE’ denuncia que el documento de trabajo presentado por Interior como base para el futuro reglamento de los CIE sólo contempla un cambio en la denominación de estas instalaciones.
Este documento, que esboza las líneas generales de lo que habrá de convertirse en Real Decreto de Reglamento de los CIE, fue entregado a la plataforma hace tres semanas para que aportase su punto de vista. Ahora, las ONG que la integran, como Pueblos Unidos o Médicos del Mundo, han devuelto a Interior un informe de 26 páginas en el que denuncian que la propuesta «perpetúa el modelo policial actual» y «retrocede» en derechos humanos.
De hecho, según las fuentes consultadas por Europa Press, la primera impresión de las ONG fue que el texto propuesto había sido elaborado por el Ejecutivo anterior, ya que mantiene una línea continuista y no incorpora las propuestas de mejora de la regulación de los CIE que ha venido elevando el Defensor del Pueblo, término al que se había comprometido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
«Lamentamos tener que valorar negativamente el documento de trabajo presentado, en la medida en que no revisa, como resulta imprescindible y perentorio, el modelo existente que tantas lesiones de derechos ha propiciado. Por contra, consolida el modelo policial de gestión de los CIE y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas», explica el informe.
Sobre el modelo policial, denuncia que la propuesta es «inaceptable» porque mantiene que la dirección de «todo» lo que ocurre en el CIE siga estando a cargo de un miembro de la Policía Nacional. De hecho, fija que los trabajadores sociales estarán «bajo la dependencia directa del director del centro (un policía), a quien se someterán para su aprobación los oportunos planes o proyectos de actuación».
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