La ausencia de atentados en los últimos meses, el alto el fuego, la suspensión del impuesto revolucionario, el llamamiento de los presos… Estas noticias pueden hacer flaquear la firmeza, como lo demuestra la repercusión de la comisión internacional creada por los independentistas, los ‘chivatazos’ ¿oficiales? a los etarras para que escapen de la policía, el apoyo del Gobierno de España a las declaraciones del lehendakari respaldando el acercamiento “para la reinserción” o la reflexión del ministro de Justicia apelando a la “generosidad” de los demócratas. Ahora que la banda está arrinconada, es el momento de poner algunas cosas en su sitio.
ETA es una banda de asesinos, que han matado a cerca de mil españoles y herido o mutilado a decenas de miles, que ha robado, secuestrado y extorsionado a todo el que han podido, y que ha obligado a emigrar de su tierra a cientos de miles de personas, presas del terror. Por lo tanto, con esta organización no cabe generosidad, falsas medidas de reinserción o comisiones de seguimiento. La forma de actuar del Estado debe basarse en perseguir a todos los miembros que estén libres y a quienes les han apoyado o encubierto, detenerles, juzgarles y, si son condenados, cumplir íntegramente hasta el último día de sus penas, sin beneficio penitenciario. Eso es lo que hay que hacer, desde el punto de vista político o judicial.
‘La política es más difícil que la física’, decía Einstein en 1946, frase que se puede aplicar en estos días, porque parece mentira que se caiga en la tentación de reducir la presión a ETA a cambio de un éxito político. Seríamos unos ilusos si pensáramos que a la situación actual se ha llegado por generación espontánea. No. Ha sido fruto del trabajo de muchos demócratas, de los miembros del Ejército y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los integrantes de la Administración de Justicia y, todo hay que decirlo, de los políticos de este país que, especialmente durante los últimos 15 años, tomaron las decisiones adecuadas: endurecer las penas, colaboración exterior, la Ley de Partidos, ilegalizar a Batasuna o prohibir las subvenciones a políticos colaboradores con el terrorismo.
Cuando escucho expresiones como “el conflicto vasco” o “el proceso de paz”, me pregunto ¿es que acaso hay una guerra o un conflicto laboral? ¿No estamos hablando de asesinos? ¿Estamos decidiendo la política a seguir con personas que son delincuentes sanguinarios, o de una negociación entre partes? Queremos que se acabe esta masacre, pero España necesita vencedores y vencidos. Los que creemos en Dios perdonamos a los que nos ofenden, pero a los etarras el perdón no se lo debemos dar nosotros. Cuando salgan de la cárcel y hayan cumplido con la Ley y entregado las armas sin recibir nada a cambio, podrán pedir perdón mirando a las cara a las víctimas (si éstas quieren), a las viudas, a los huérfanos, a esos padres que vieron morir a sus hijos siendo aún unos niños, a los miles que huyeron aterrorizados de su lugar de nacimiento, a los que arruinaron sus negocios tras años de sacrificio, a los que fueron secuestrados. Y serán ellas, las víctimas, las que decidirán si se les perdona o no. No nosotros, meros espectadores del dolor que tanta gente ha sufrido.
En Canarias algunos piensan que la ausencia de atentados en el Archipiélago no nos ha hecho protagonistas directos de esta tragedia. Como la memoria es corta, permítanme recordarles que ETA mató en la Península a Ramón Quintero (de Tacoronte), José Benito Díaz (Porís de Abona), José Manuel Amaya (Tenerife), Aurelio Pérez-Zamora (vecino de Santa Cruz de Tenerife), José Torralba (Tenerife), José Francisco Hernández (Tegueste), Santiago González (La Palma), Juan Batista y José Carlos Marrero Sanabria (Las Palmas de Gran Canaria). Su sacrificio, y el del resto de los que dieron su vida por nuestra libertad, impide aplicar “generosidad, diálogo o comisiones de seguimiento”. Ni un paso atrás.
Ángel Llanos. Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz
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