La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue a Ignacio Díaz Tapia, por las ventas de material sanitario durante la pandemia a Baleares y Canarias. Tapia es el socio de Víctor Aldama, el gomina, ya en el trullo por fraude multimillonario en los combustibles. Tapia, de quien se investiga junto a otros su participación en la trama criminal de Aldama, es el tipo que se reunió en el Parlamento regional con el presidente Torres, después de que Koldo le pidiera que lo recibiera para hablar del proyecto de la empresa Eurofins Megalab para hacer PCRs a los pasajeros que decidieran viajar a Canarias. Ángel Víctor negó inicialmente haberse reunido con Tapias, dijo que no le ponía cara a ese señor. Cuando resultó evidente que sí se había reunido con él, explicó que fue de forma accidental y no en su despacho, sino en el Parlamento de Canarias, y que se había olvidado. Todo el mundo tiene derecho a tener un lapsus, y alguien con tantos asuntos en la cabeza como un presidente de Gobierno, sin duda también. Pero el problema es que los olvidos de Torres, un tipo que por otro lado goza de una envidiable memoria para recordar sus compromisos, son de los más selectivos.
Por ejemplo, Torres ha negado haber recibido jamás peticiones de nadie para comprar bozales o epis durante la pandemia. Y resulta que sí las recibió, como se desprende claramente de los encargos finalmente realizados a la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, ese hombre al que –en una interesante derivada- decía no haber visto nunca tampoco Pedro Sánchez, pero el que Koldo le hizo una afectuosa foto en una zona restringida del teatro La Latina al que Aldama acudió para asistir a la presentación de una campaña electoral del PSOE.
Torres negó también haber tratado nunca con Koldo cualquier asunto relativo a esas compras, pero eso se desdice de forma rotunda con lo que se escucha en la grabación policial que demuestra que no sólo era informado –por el propio Koldo- de cuando los compradores cobraban lo que tenía que pagarles el Gobierno de Canarias, sino incluso de las cantidades que faltaba por ingresar.
En todo lo que tiene que ver con la pandemia, Torres se ha vuelto extraordinariamente olvidadizo: la primera vez que le cayeron preguntas sobre este asunto fue cuando se supo que una compañía de compra- venta de coches usados –RR7- se había fumado un millón de euros, y él dijo no tener nada que ver con el asunto, y no conocer a nadie de esa empresa. Pocos días después, comenzó a circular por los mentideros de Canarias una fotografía en la que se le veía almorzando en un restaurante –al parecer majorero- con el asesor fiscal de la empresa y el cuñado del dueño.
Torres, en fin, negó haber participado jamás en el proceso de decisiones que concluían en la adjudicación a unas empresas u otras de las compras multimillonarias que se hicieron. Pero hace dos días este periódico demostraba que fue el Cómite de Emergencia presidido por él –a pesar de no levantar actas ni dejar constancia de sus decisiones- quien encargó la totalidad de las compras de material fungible sanitario para hacer frente al Covid. Una orden firmada por el consejero Julio Pérez, y otros documentos administrativos, incluyendo correos cursados entre altos cargos o un documento de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, demuestran la absoluta falacia de que las decisiones de compra fueran cosa de “los técnicos”. Falsedades encadenadas: muchos olvidos, mentiras o confusiones, la más llamativa de todas, asegurar no tener conocimiento de las compras ni de quien las autorizó, cuando la decisión final correspondió al propio Torres, presidente del Gobierno y del Comité, respaldado por su jefe de Gabinete, Antonio Olivera –al que Koldo se refiere en sus cintas-, y por varios miembros de su Ejecutivo.
Y luego está la intención evidente de ocultarlo todo: no sólo obviando contestar la verdad, también forzando comportamientos más que sospechosos. Por ejemplo: la Audiencia de Cuentas bloqueó durante meses, a instancias de los auditores designados por el PSOE y Nueva Canarias, el conocido como informe Figereo, que demostraba que el Gobierno Torres contrató con varias empresas que carecían de la capacidad de hacerlo con la administración. Dos de ellas, figuraban entre las cuatro empresas que más facturaron al Gobierno de Torres: la empresa recomendada por Koldo, propiedad del corruptor Aldama, e Innjoo Technology SL, una empresa propiedad de un empresario chino, que durante la pandemia cerró contratos idénticos a los de Koldo. Pasó de vender dos millones y medio de euros a 72 millones. Aún así, la empresa tuvok perdidas y acabó siendo declarada insolvente.
Yo creo que el ministro Torres tiene aún muchas cosas que contarnos. Quizá lo haga cuando le llamen a declarar en el Parlamento. O quizá prefiera guardar silencio.
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