Tal como están las cosas y el medio ambiente político -valorando la tragedia por encima de todo- de qué nos extraña la reacción de la población a la visita de Su Majestad y políticos responsables a los pueblos destrozados y carentes de atención en la catástrofe valenciana. No solo se han perdido las formas sino que se agrede y se insulta a las más altas magistraturas: de pena. Estarán contentos -pero no han triunfado, ¡qué coño!- los que vienen riendo las gracias -cínicos, que son unos cínicos-, provocando, descalificando, insuflando e insultando para expresar su descontento. De aquellos barros, estos lodos: nunca mejor dicho. El asunto, pasado el estallido, dará por le menos para otra entrada.
Hay otro episodio de la semana pasada merecedor de la reprobación, tal como han hecho algunas organizaciones mediáticas profesionales y que resume muy bien la agencia de noticias Servimedia. En efecto, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se sumó a la condena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) al tiempo que lamentaba el suceso protagonizado en el Congreso de los Diputados por una persona acreditada como prensa durante una comparecencia del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patxi López, “sin que se le hubiera concedido la palabra y sin respetar las normas habituales de comportamiento”.
Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, cuando una persona acreditada en la Cámara Baja, acompañada de otras tres, increparon y vertieron graves insultos contra los periodistas que ejercen su trabajo en las Cámaras.
“El seguimiento y control de la actividad pública del poder político por parte de los y las periodistas, imprescindible en una sociedad democrática, debe respetar las normas deontológicas de la profesión periodística”, sostiene el comunicado de la APP.
“Cualquier conducta que obstaculice el ejercicio del trabajo periodístico, ya sea por parte de políticos o de informadores, es un ataque al derecho a la información veraz de la ciudadanía. Un derecho que es de la ciudadanía y no de periodistas ni de políticos”, añade el comunicado del que se hace eco Servimedia.
“Nos pueden amenazar, nos pueden increpar o calumniar. Esas actitudes no mermarán un ápice la voluntad de la inmensa mayoría de los y las periodistas que trabajan en el Congreso y en el Senado de desempeñar su trabajo. Un trabajo que consiste en contar, narrar, investigar todo lo que acontece en las Cámaras, lo que se ve y lo que no se ve. A esto se dedican los y las periodistas parlamentarios en Plenos, en Comisiones, en situaciones informales y formales. Esta es la labor de los y las periodistas parlamentarios”, continúa la APP.
“Confiamos plenamente en la actuación de las autoridades del Congreso para que podamos continuar haciendo nuestro trabajo y no consientan la comisión de actos y comportamientos inadmisibles, que incluso chocan con las propias normas de la Cámara”, proclaman los periodistas parlamentarios.
Cuando no hay civismo ni respeto ni educación, pasan estas cosas lamentables. A lo peor, los protagonistas se inhibieron ayer -o justificaron, vaya usted a saber- con las penosas escenas de Valencia. A lo que hemos llegado.
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