El PSOE ha anunciado que convocará al PP para intentar desatascar la crisis de la emigración. Parece que se les apareció la Virgen, pero no. Yo creo que esta vez no ha sido cosa de vírgenes ni de santos, sino más bien fruto de los esfuerzos y el derroche de paciencia y saliva de nuestro director general de Emigración, ese señor hiperactivo que en sus ratos libres ejerce algunas veces de presidente del Gobierno regional.
Ayer, tras verse con Clavijo en la interministerial por la mañana, el ministro Torres, anuncio dos cosas: una, arena, que el Gobierno iniciaba ayer mismo el trámite para llevar al Constitucional el protocolo canario de atención a menores migrantes. Y la otra, esta de cal, que en los próximos días el PSOE se reunirá de nuevo con el PP para intentar desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Y digo yo que enunciado así, mal empieza el asunto: de lo que se trata no es de resolver el cambio en la ley, sino de resolver el problema. La mayoría de los problemas no se resuelven -como parece creer el Gobierno Sánchez- cambiando las leyes. Hasta ahora, las leyes aprobadas por este Gobierno no han resuelto grandes problemas, pero sí han creado grandes problemas. Tan grandes que en algunos casos –la ley del ‘Sí es Sí’ es un buen ejemplo- el PSOE tuvo que solicitar la ayuda del PP para cambiarlas lo anteriormente votado por el propio PSOE.
De lo que se trata ahora no es sólo de cambiar un artículo del texto, sino de arbitrar el consenso de los grandes partidos del país en relación con uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta la sociedad española. Lo que procede es llegar a acuerdos para evitar seguir cometiendo errores, abrir el debate sobre la emigración, sacarlo del ámbito del politiqueo miserable en el que está instalado desde hace años, y de permitir que las soluciones no sean fruto de ukasses más o menos sectarios, sino del acuerdo de las mayorías.
De eso se trata, y aunque lo que hay que poner de acuerdo es complicado, la cosa esta mejor que ayer: Torres dice haber comunicado al PP su voluntad de formalizar inmediatamente esa reunión, y haber recibido ya una respuesta positiva. Ahora es sólo cuestión de cuadrar agendas.
Mientras se cuadran, el Gobierno debería meditar más los pasos que da. Porque a veces parece actuar como un pollo sin cabeza. Nada más acabar el Consejo de Ministros, se anunciaba la remisión al Consejo de Estado –un paso previo antes de acudir al Constitucional- del protocolo canario para la recepción de menores migrantes que llegan a las Islas sin tutela familiar. El Gobierno de la nación ha solicitado al Consejo un dictamen urgente, sobre la existencia de un posible conflicto de competencias, tras la decisión del Gobierno regional, al exigir que los niños que se le transfieren para ser atendidos, cuenten con la debida identificación y registro, algo que ahora no siempre ocurre.
El sistema planteado por Canarias no pretende renegar de sus competencias, sino exigir que la policía y la Fiscalía cumplan con los trámites que exige la propia ley y que hoy se pasan de forma recurrente por el mismísimo arco de triunfo. Pedir que se respeten las formas también en esto puede parecer un exceso garantista, una suerte de huelga de celo, que se produce como reacción a la la negativa del Gobierno central a asumir la parte de responsabilidad y financiación que le toca en este asunto, especialmente en lo que se refiere a la preceptiva identificación de los menores, que hasta ahora se le han ‘endosado’ a Canarias sin cumplir con el trámite preceptivo.
Pero es más que eso. Tras el bloqueo en el debate de la reforma de la ley, Canarias fue dejada absolutamente de lado, hasta que se anunció la decisión de no asumir la tutela de más menores no identificados. La primera reacción fue la del Ministerio de Juventud e Infancia, que envió a la Fiscalía del Estado –ya saben de quien depende, ejem- un informe asegurando que el protocolo aprobado por Canarias puede vulnerar gravemente los derechos fundamentales de la infancia en España. Después de un mes entero instalados en el mantra de responsabilizar al PP de haber bloqueado la ley –responsabilidad que la oposición compartiría en todo caso con los socios del Gobierno-, ahora el mantra es otro diferente: hay que repetir que Canarias se niega a asumir la tutela de los niños, algo que es absolutamente falso. A lo que se opone el Gobierno es a seguir aceptando menores no identificados, y a incorporarlos como si fueran ganado en centros completamente desbordados, con cerca ya de 6.000 chiquillos, mientras el Estado permanece cruzado de brazos. Eso sí, hablando de derechos fundamentales.
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