El ministro Torres volvió a insistir ayer en que el reparto de menores emigrantes no acompañados solo se puede lograr cambiando la ley de Extranjería. Lo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se le preguntó al ser preguntado cual será la posición de las comunidades del PP en la Conferencia Sectorial sobre Infancia que se inicia hoy en Tenerife para abordar una solución consensuada al conflicto. Torres cree que la única respuesta posible es un ‘pacto de Estado’ entre el PP y el PSOE. Es curioso que Torres reclame un pacto de Estado sobre menores emigrantes, sólo tras constatar que el PSOE no cuenta con el apoyo de sus socios tradicionales –ERC, Junts, el PNV- para sacar adelante una medida de reparto que alivie la presión que supone para Canarias soportar seis mil niños y jóvenes, sin contar con suficientes recursos asistenciales. La posibilidad de que la situación se agrave, con la llegada masiva de otros tantos niños y jóvenes más, mantiene en estado de alerta al Gobierno regional –responsable de dar atención a los menores- y ha provocado que Torres decidiera asumir un protagonismo que no le correspondía en la negociación de la reforma la ley con los grupos parlamentarios.
La pareja de hecho formada por él mismo y por Fernando Clavijo, dedicados las últimas semanas a trajinar por los despachos de los grupos, ha logrado escasos resultados prácticos, pero al menos ha servido para que todo el mundo se entere de cómo está el patio: Clavijo pretende conseguir que haya consenso, Torres espera que el PP se retrate con un compromiso o pague por no hacerlo, y el PP ha estado mareando la perdiz estos días, para encontrar finalmente como señalar a Vox, y plantarle cara.
En realidad, las cosas han cambiado desde hace unos días, aunque no lo suficiente para estar seguros de que la Conferencia Sectorial sirva de algo. La participación de Torres en las negociaciones ha permitido que el Gobierno Sánchez –no muy convencido hace apenas dos meses de la solución de imponer a las regiones el oxímoron de la ‘solidaridad obligatoria’- de tanto señalar al PP como responsable de que la fórmula no salga, se ha comprometido cada vez más en una solución que no querían alguna de sus regiones y que fue propuesta inicialmente con la boca chica. Falta sólo que el gobierno de la Nación aclare como financiará el reparto, y demuestre que puede obligar a los catalanes a cumplir la ley, cuando hasta ahora lo que ha demostrado es que está dispuesto a cambiar cualquier ley que los indepes no quieran cumplir.
Para el PP, el baile es más complicado: tienen enfrente la amenaza de Vox de romper los gobiernos de las autonomías donde son necesarios, si el PP apoya el reparto. Se trata de una amenaza bastante estúpida, y llevarla a la práctica provocaría probablemente más problemas a Vox que al PP. Pero hasta hace unos días, parecía mantener a todo el mundo en Génova bastante acoquinado. De un par de días para acá, se ha producido un sorprendente cambio de actitud. El portavoz del PP, Borja Sémper, retó ayer a Vox: “las amenazas y los chantajes con Feijóo no funcionan”, dijo. También pidió un fondo de contingencia con el dinero necesario para acoger a los menores no acompañados, y que el Gobierno Sánchez aproveche la cita de hoy para acordar un sistema de reparto no impuesto. El PP mantiene su posición: el Gobierno tiene que poner dinero, no puede implantar un cambio por decreto, y deben participar todas las regiones, sin excepción, de acuerdo con sus propias capacidades. Aparte de Canarias y de Ceuta, completamente colapsadas, hay otros territorios –Valencia, por ejemplo- que aseguran tener sus recursos asistenciales saturados.
En el encuentro de hoy puede haber sorpresas: podría ocurrir que algunas regiones –Galicia, quizá- recuerden a Canarias que –a pesar de las urgencias y necesidades- no se han completado aún los trámites para el traslado de los menores acordados cuando la consejera era Noemí Santana. También podría ocurrir que no se avance nada. La expresión taciturna de Fernando Clavijo ayer en el pleno el Parlamento no presagia mucho bueno. Pero al final, excepto que mañana se llegara a un improbable acuerdo de todas las regiones, lo que tenga que ocurrir ocurrirá en el Congreso, cuando el Gobierno presente su propuesta de reforma de la ley y los partidos se pronuncien. Entre el ruido de estos días ruidosos hay algunas frases de Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno y presidente del PP canario, asegurando que el votará con el Gobierno. Domínguez no vota en el Congreso. Pero los diputados del PP canario sí, y con su abstención bastaría para que la propuesta de reforma de la Ley se aprobara…
Hay demasiadas incógnitas abiertas, y muchas expectativas creadas. Hoy quizá no se alcance ningún acuerdo. Pero a partir de hoy ya no queda mucho tiempo para negociar nada más. Que cada cual asuma la responsabilidad que le toque.
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