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SUCESOS | Detienen a una mujer por santería en Gran Canaria tras una denuncia del Partido Animalista

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La intervención del Partido Animalista PACMA ante un nuevo caso de santería en las islas ha resultado en la detención de una mujer de 55 años por presuntas prácticas que involucraban crueldad hacia los animales. La acción se llevó a cabo después de que Iris Sánchez, coordinadora provincial de PACMA en Las Palmas, denunciara el hallazgo de varios animales decapitados en la localidad de Tenoya.

El pasado 15 de enero, Sánchez reportó a las autoridades el descubrimiento de un gallo, varias gallinas y una paloma decapitada. Inmediatamente, agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), especializados en protección animal, se desplazaron al lugar para realizar una inspección ocular y llevar a cabo las primeras diligencias. Los cadáveres fueron retirados y se inició una investigación para esclarecer los hechos.

Como resultado de esta investigación, la UMEC identificó y detuvo recientemente a la presunta autora de estos actos. La santería, que es una práctica relativamente común en Canarias, ha llevado al incremento de hallazgos de cadáveres de aves decapitadas, especialmente de colores blancos y negros, en diversas partes de las islas. Desde PACMA se ha alertado sobre este aumento, destacando que los cadáveres se encuentran cada vez en lugares más visibles.

Un incidente similar ocurrió en marzo de 2023, cuando una vecina del barrio del Sobradillo descubrió seis animales decapitados en bolsas, arrojados en la maceta de un árbol. Entre los animales se encontraban una cabra adulta y una tortuga, además de varias aves de diferentes edades.

Según el área legal de PACMA, de acuerdo con la legislación vigente, en caso de muerte del animal, la pena prevista es de prisión de doce a veinticuatro meses, además de la inhabilitación especial de dos a cuatro años para ejercer cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con los animales y para su tenencia. No obstante, la pena máxima de dos años podría evitar el ingreso en prisión de la acusada, salvo que tenga antecedentes penales.

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