Las cifras marean: 80 millones de euros (40 millones por inmueble, 1.730 euros por metro cuadrado) para albergar en un entorno seguro, anticatástrofe, capaz por tanto de soportar terremotos, inundaciones y ventoleras, a más de mil empleados públicos desperdigados hoy por 18 centros –muchos de ellos alquilados-, y en tan sólo dos edificios enormes concentrar todos los servicios esenciales de esta región. Equipados con tecnología de última generación, dotados de contramedidas para ataques informáticos y blindados frente a (casi) cualquier contingencia, los dos edificios bunkerizados, exactamente iguales, parecen algo ajeno a este mundo. El proyecto de los dos gemelos, que se construirán en Santa Cruz de Tenerife en La Gallega y en Telde en el polígono de Jínamar, ha sido realizado en apenas un año por una UTE en la que participa el despacho del arquitecto Menis, reconocido autor de alguno de los edificios más emblemáticos de Canarias, y con importantes obras repartidas por toda Europa y Asia. Fernando Menis es un visionario, y su pareja de edificios gemelos será sin duda el legado más imponente y vistoso que dejará esta administración en obra pública. La cosa es que los gemelos quizá no sean recordados como obra de esta administración, porque será inaugurada por otra. Pero así son las cosas.
El proyecto fue presentado hace dos años, en abril de 2021, con unas cifras distintas a las actuales: entonces, según anunció personalmente su promotor, Román Rodríguez, representaba una inversión de sesenta millones, y una superficie de 15.000 metros cuadrados por edificio, que venía a suponer unos 27 metros cuadrados por usuario. Ahora hablamos ya de poco menos de 80 millones y de un aumento de la superficie útil de cada edificio de algo más de la mitad de lo que ya inicialmente se había calculado, 23.000 metros cuadrados por inmueble. Eso son –si no aumenta el número de empleados- casi 42 metros cuadrados de media ahora. Apretados no van a estar, y eso que se va a meter dentro de los edificios lo que no está escrito.
La lista también aturde, y será ampliada: el Cecoes (el 112 para entendernos), el servicio de Atención Ciudadana 012, la teleasistencia, información sanitaria, ambulancias, las direcciones de la Policía Canaria (su sala operativa) y de los bomberos, el Grupo de emergencias y el centro de control de su red, Salvamento Marítimo, seguridad patrimonial de edificios, el Cibercento que controla la seguridad informática del Gobierno, el Centro de Proceso de Datos y Seguridad Corporativa, además de Inspección pesquera, Vigilancia de costas, el control de viaductos y túneles, el control del tráfico en carreteras y ciudades, Involcan y hasta el mando operativo de Cruz Roja. Hace dos años se habló también específicamente del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia, aunque en la presentación del pasado martes no se ha insistido sobre eso.
Ambos edificios podrán además albergar otros servicios que pudiera asumir Canarias en función de nuevas competencias estatutarias o nuevas incorporaciones al tráfico –control ferroviario, por ejemplo- o, por préstamo de espacio a administraciones públicas o entidades dependientes de corporaciones locales, como los centros insulares de protección civil o los de control de los ya citados servicios de los consorcios de emergencias y bomberos.
Cuando Román presentó el proyecto en 2021, el objetivo era proteger en el mismo saco la capacidad de respuesta de la administración canaria (sería más correcto decir de las administraciones canarias) ante cualquier contingencia, preservando su autonomía de actuación y blindando redes y comunicaciones de los canales de mando. Un objetivo razonable y sensato. Aunque también costoso. Porque los previsto en la licitación no incluye la dotación de los helipuertos, el equipamiento hipertecnológico y de seguridad, ni las instalaciones técnicas y el mobiliario. Tampoco otros dos edificios gemelos más, próximos a estos, aunque de menor rango, que albergaran tras su inminente licitación los servicios informativos de la televisión pública canaria.
El ideólogo del proyecto, José Julián Ysturiz, director general de Patrimonio y Contratación y mano derecha de Román Rodríguez para estos menesteres desde la década de los 90, diseñó desde el arranque del proyecto un plan para que el coste de la construcción de ambos edificios para el tesoro canario, sea inferior a la décima parte de su valor real. Al final, los fondos europeos han de servir para algo.
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