FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Contenedores | Francisco Pomares

Tienen razón los vecinos de Los Llanos, los primeros a los que se ha intentado endosar el formato. No porque los contenedores sean indignos: probablemente muchas personas estarían contentas de vivir en esa instalación, en un entorno mejor que el de un hotel ya saturado y con sus instalaciones pauperizadas por un año de uso residencial y no turístico. Supongo que lo que indigna a los vecinos es que –habiendo pasado ya más de un año desde los primeros estragos causados por la erupción- las soluciones que plantea la Administración sigan estando macadas por la más que evidente rémora de la provisionalidad.

Aceptar incorporarse a la solución propuesta por la Consejería de Obras Públicas y Viviendas supone aceptar una interinidad doméstica de largo recorrido, duradera. Y los palmeros lo saben. Y no es eso lo que quieren. Quieren poder mudarse a domicilios estables con un mínimo de calidad de vida, en lugares donde puedan llevar una vida similar a la que perdieron. Si la solución de emergencia del Gobierno hubiera llegado a los dos meses de producirse el drama del desahucio y pérdida de hogar por las correntías de lava, estoy seguro de que una mayoría de palmeros que perdieron sus casas habrían reaccionado de otra forma muy diferente. Muchos habrían aceptado mudarse a este destino. Lo que enfada a los damnificados es que la materialización de esta propuesta llegue cuando ya ha transcurrido tiempo suficiente para que el Gobierno regional pudiera hacer una oferta realmente razonable, una oferta que no se sostuviera sobre el absoluto desprecio a la frustración y rabia desesperada de familias que llevan un año hacinadas a la espera de una vivienda en la que poder rehacer la normalidad de sus vidas, en la que recuperar la intimidad familiar y la ilusión de vivir.

Los contenedores que ofrece Obras Públicas son una demostración de la creciente provisionalidad con la que se opera en las islas, del sálvese quien pueda que parece haberse convertido en el lema de esta concreta Administración, en la que nadie quiere dar la cara, nadie quiere asumir responsabilidad alguna por los retrasos e incumplimientos de las promesas gubernamentales, y en la que todo llega cuando la gente ha sobrepasado los límites.

Un año y pico después de la erupción, no es tiempo ya de soluciones provisionales, sino de arreglos definitivos. El Instituto Canario de la Vivienda optó por un formato para acelerar las ayudas, y se ha tropezado con su propia burocratización y negligencia. Que hayan tardado un año en colocar cuarenta cajones sobre un suelo de hormigón apenas cimentado, y en vestir los contenedores con algo de mobiliario, lo que demuestra es que su sentido de lo que es una emergencia está bastante descompensado. Podrían haber copiado el modelo de Visocan, el pariente pobre de ICaVi, que optó por la compra de viviendas, y logró ir más deprisa, sortear la infernal burocracia regional, y resolver con mejor fortuna.

Las administraciones española y canaria se están cubriendo de gloria en La Palma. En una situación de urgencia dilatada y de necesidad de mucha atención, los políticos han dejado de acudir a hacerse las fotos por la isla, y ni cumplen los compromisos contraídos, ni mantienen su palabra dada a los palmeros. Y a quien protesta o se queja por la desatención o el desprecio, se le acusa públicamente de dejarse manipular por los partidos de la oposición. Si esto sigue así, en La Palma va a estallar muy pronto otro volcán.

 

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