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OPINIÓN | Bipartidismo español, alumnos aventajados de los globalistas (III) | Eloy Cuadra

1º de enero de 1995, Ginebra (Suiza). Se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo aparente de armonizar las normas de la economía internacional en cuanto a aranceles, mercancías y servicios; el objetivo real: mantener la hegemonía de unos pocos países sobre los demás en el orden mundial, en especial de Estados Unidos, disimulando con el globalismo y la creación de unas cuantas instituciones internacionales aparentemente democráticas y bienintencionadas. En la carta fundacional de la OMC varios objetivos claros, el segundo de ellos, «facilitar la liberación progresiva de los mercados de servicios», o dicho más claramente, restar poder a los Estados en favor de las corporaciones empresariales, esto es: más capitalismo. Como prueba un dato, según un estudio de finales de 2019 de la fundación alemana Bertelsmann (1), EEUU es el país del mundo que más se ha beneficiado de su pertenencia a la OMC, con un alza en su riqueza de 86,9 mil millones de dólares.

Volvemos ahora a nuestro relato, lo habíamos dejado en un pequeño esbozo de lo que siguió tras la crisis del 2008, para solucionar el descalabro de los especuladores de las hipotecas basura se proponen rescates multimillonarios, del mismo modo que un padre y una madre rescatan al hijo díscolo. Hasta ahí bien, el problema sobreviene cuando el sistema, cuál padres consentidores, en lugar de reprender y corregir al hijo díscolo, esto es, en lugar de plantear restricciones y fiscalizaciones adecuadas a los movimientos especulativos de las entidades financieras responsables de la crisis, cargan contra el sector público que nada tuvo que ver en el desaguisado, observando un supuesto desajuste en los presupuestos de las Administraciones Públicas y enarbolando de inmediato el mantra de la austeridad. Curioso y contradictorio que se plantee la austeridad como fórmula cuando el capitalismo se ha caracterizado siempre justamente por lo contrario. La apuesta por la austeridad en esta ocasión en realidad no fue más que la implementación definitiva del modelo norteamericano ultraliberal que postuló en su día uno de los ideólogos del neoliberalismo, Milton Friedman, un modelo que dio algunos pasos, o muchos, con las directrices económicas afirmadas tras la creación de la OMC y otros estamentos internacionales, defendiendo la reducción del peso del Estado a un mero gendarme encargado únicamente de defender la sagrada propiedad privada, dejando el resto para la mano invisible del sabio mercado. Unas recetas económicas ultraliberales que ya eran aplicadas en los 80 por los gobiernos de Reagan y Thatcher, a los que siguieron otros en Europa y más allá. En España, tras la entrada en la Unión Europea se nos impuso avanzar hacia la desregulación del mercado y la libre competencia (el segundo mandato de la OMC), y bien que nos esmeramos en ello.

Abrió la veda con las privatizaciones del sector público un tal Felipe González, incluso antes del 95, con la venta de algunas empresas públicas importantes como ENASA, SEAT o Marsans, y la privatización parcial de otras como Telefónica, Endesa, Repsol o Argentaria. Luego vino otro señor de apellido Aznar al que le gustaba bastante esto de privatizar, con él se vendieron total o parcialmente nada menos que 76 empresas públicas, entre las que destacan algunas tan importantes como Tabacalera, Endesa, Aldeasa, Aceralia, Telefónica, Repsol, Trasmediterránea, Iberia, Gas Natural o Argentaria. La venta de empresas tan señaladas, la mayoría muy rentables, ayudaron a reducir el déficit del Estado en las cuentas anuales, no así la deuda estructural, ni mucho menos la deuda privada, en cambio sí que nos despojaron como país de bastante autonomía y capacidad de maniobra en sectores clave, como el energético o el de los transportes, entre otros. Por no hablar de algunos sonados pelotazos favoreciendo a amigos con la privatización (Cesar Alierta, amigo de Aznar, con Telefónica) o aplicando la fórmula de la puerta  giratoria, con la que González y Aznar acabaron colocados en puestos muy bien retribuidos de Gas Natural y Endesa años después.

No podemos olvidarnos del objetivo real encubierto: restar poder y autonomía a los países para favorecer el control dirigido desde las élites y seguir así manteniendo sus privilegios y docilizando a los ciudadanos, y para ello nada mejor que despojar a las naciones de recursos propios. La salvedad que introdujeron a partir del 2008 es que ya no hizo falta convencer a nadie con las tesis del señor Friedman, la crisis y los rescates multimillonarios impusieron la austeridad, y al señor Rodríguez Zapatero no le quedó aparentemente otra que quedarse con el dudoso honor de haber sido el que modificó el artículo 135 de la Constitución con alevosía y agosticidad -lo hizo en agosto con todo el mundo de vacaciones-, para priorizar el pago de la deuda sobre cualquier otro imponderable, en un acto más de la  progresiva pérdida de soberanía de nuestro país. También fue cosa de Zapatero la privatización de las cajas de ahorro, por «recomendación» del FMI y otros estamentos internacionales, que culminó con la salida a bolsa de Bankia y todo lo que vino después con los tribunales de justicia como última parada. En este escenario de privatizaciones y saldos continuados, cuando llegó el siguiente, el campechano señor Rajoy, apenas si quedaban ya empresas valiosas por privatizar en España.

Algunos se estarán preguntando en este punto si nos fue bien o mal con la venta de tantas empresas estatales en las décadas precedentes, para muestra un titular del nada sospechoso Eldiario.es del 11 de agosto de 2014(2):  «De las 120 empresas estatales vendidas desde 1984, la mayoría han desaparecido y el resto están en manos extranjeras o son propiedad de las grandes fortunas españolas».  A tenor de lo que leemos parece que no sirvió para mucho, salvo para descapitalizar al Estado y concentrar el poder de manera grosera en unos cuantos, los mismos de siempre. Con todo, al señor Rajoy todavía le queda tiempo para privatizar parte de una de las joyas de la corona de las empresas públicas estatales, los aeropuertos. Así, en el verano del 2014 el Gobierno del Partido Popular acelera la privatización del 49% de la empresa pública AENA, una privatización que años después hemos sabido que fue poco menos que regalada, cuando en junio de este mismo año leemos en el suplemento Cinco Días del diario El País que 27 senadores de la Cámara Alta piden en el Senado la creación de una comisión de investigación para dilucidar si la venta de ese 49% se realizó a un precio muy por debajo de su valor real, tal vez intencionadamente, dado que la compañía dobló el valor de sus acciones en apenas 3 años. Parece que esta práctica de vender infravaloradas las empresas públicas no fue una cosa puntual, según explica la doctora en Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela Carmela Sánchez en un reciente estudio(3), observando que muchas de las empresas públicas vendidas en estas dos décadas de vorágine privatizadora alcanzaron o incluso doblaron en pocos años el valor de venta inicial de las acciones, en buena muestra de que se vendieron por debajo de su valor real.

Por supuesto, como podrán imaginar, ninguno de esos 27 senadores que hoy piden investigar la venta parcial de AENA son del PP o del PSOE, sí son en cambio del PSOE y del PP los presidentes que han gobernado sucesivamente en España desde hace bastante, habiendo cumplido siempre ambos con las fórmulas económicas que venían ordenadas desde arriba. En esta línea argumental, hay estudios recientes que demuestran que el PP y el PSOE votan exactamente lo mismo el 75% de las veces en el Parlamento Europeo, esto es, en todo lo importante, en todo lo económico, dejando las diferencias para asuntos menos trascendentes, lo que viene a desmontar el viejo paradigma de izquierda-derecha, superado ya hace tiempo a mi juicio, mantenido únicamente porque a la mayoría dominante le interesa, para tener a la gente confundida y enfrentada. Tan confundida y enfrentada está aún la gente, que todavía hoy la mayoría de la población española desconoce la magnitud del expolio continuado que hemos sufrido en este país. Así, en un estudio del digital La Marea de fecha 29 de mayo de 2019(4), se observa un gráfico muy significativo que refleja que España es el país de la Unión Europea que más se ha esmerado en esta práctica de venderlo todo, pues según datos de la agencia oficial europea Eurostat, el porcentaje del PIB que suponen en España las empresas públicas estatales es solo del 1,9%, a años luz del 45% de Finlandia, el 28% de Bélgica, el 24% de Suecia o el 12% de países tan cercanos y próximos a España como lo son Italia y Francia. ¡De 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente a solo 16!, ¡¿pero qué locura es esta?! ¿Acaso no son economías capitalistas de libre mercado las de países como Finlandia, Bélgica, Suecia, Italia o Francia? Semejante traición a un país solo puede explicarse por el histórico complejo de inferioridad de los españoles o por la tradición del tramposo y pícaro español que sólo mira por su interés propio, de otra manera no se entiende que se haya vendido prácticamente todo lo que tenía el Estado, muy por encima de las exigencias que nos imponían. Y la consecuencia de convertirnos en el mejor alumno del neoliberalismo la vemos y la sufrimos hoy, el Estado no tiene control ni influencia alguna sobre los sectores estratégicos de cualquier país (energía, transporte, combustibles, telecomunicaciones, industria, banca o vivienda, entre otras), de modo que no puede influir de ninguna manera en los precios de cara a controlar la inflación y otros vaivenes del mercado, y por supuesto ve reducida su capacidad de generar ingresos propios por esas actividades. Como muestra un detalle: países como Italia, Suecia, Francia, Países Bajos, Suiza o Alemania cuentan con entidades energéticas estatales, España en cambio las vendió todas en los gobiernos de González y Aznar.

Y si les parece grave el escenario planteado en esta breve retrospectiva de nuestra realidad económica patria, siento tener que decirles que el asunto no quedó en estas privatizaciones generalizadas, la austeridad pedía más, más todavía, porque había más formas de privatizar, de empobrecer, de perder autonomía y restar capacidad a las administraciones, y los sucesivos gobiernos estatales, autonómicos, municipales o insulares lo siguieron haciendo, a través de los conciertos generalizados con empresas privadas en sectores tan básicos y fundamentales como la educación, la sanidad o los cuidados, o externalizando servicios y actividades que un día fueron públicos directamente, algunos tan importantes como el suministro de agua, la limpieza, la seguridad, las telecomunicaciones, el saneamiento, los jardines y hasta la administración misma, incluida la actividad política propiamente dicha. Sí, aunque les suene extraño, por la sobreabundancia de administraciones y cargos políticos que tenemos en España, lo cierto es que también la política la han privatizado, aunque de este asunto poco se sabe. De todo esto, de las externalizaciones y los conciertos hablaremos en los siguientes capítulos, quedándonos en este punto con lo que habíamos dicho, se trataba de restar poder y autonomía a los países, para empobrecerlos y hacerlos sumisos y dependientes, y eso, justo en eso fue en lo que se pusieron y de qué manera nuestros gobernantes españoles privatizando todo lo que era público y rentable, convertidos así en los alumnos más aventajados del globalismo empobrecedor.

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