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El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la modificación de la ordenanza y de las bases de acceso que regulan el conocido como ‘IBI social’ para suprimir la limitación al valor catastral fijada en 2018, un tope que impide llegar a centenares de familias que necesitan esta aportación municipal por su situación económica.
Así lo ha acreditado el Área de Bienestar Social, quien ha impulsado esta modificación para actualizar estas ayudas a la realidad local y ampliar tanto las cuantías, como el número de personas beneficiarias, conforme a criterios de necesidad social.
Esta modificación de la ‘Ordenanza de las Bases reguladoras de la concesión de ayudas sociales para colaborar en el gasto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda habitual para personas con escasos recursos económicos’, que no ha recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública, se elevará al Pleno municipal en octubre para su aprobación definitiva y entrada en vigor en la convocatoria del año que viene, ya que la de este ejercicio, para la que se incrementó la partida económica en un 25% y que habilita hasta 300 euros por persona beneficiaria, está ya en fase de adjudicación.
El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, celebra que, «después de dos años y medio desde que iniciamos este expediente, podamos contar, al fin, con un verdadero IBI Social, realista, objetivo y que esté actualizado a las necesidades de los laguneros y laguneras. Los restrictivos criterios y los límites en los valores catastrales aprobados en la norma de 2018, demostraron ser ineficaces desde el inicio, hasta el punto de que, sobre la expectativa de 1.500 personas beneficiarias que se anunció inicialmente, solo una veintena pudieron acceder a esta ayuda social ya en su primer año», una situación que ha supuesto que muchas de las personas ni siquiera se presenten a la convocatoria, dificultando al Área contar con una valoración de la demanda real.
Con esta modificación, «suprimimos la limitación del valor catastral y adaptamos los requisitos a los que ya se estipulan en la Ordenanza Reguladora de las Prestaciones Sociales Municipales, facilitando que los vecinos y vecinas que cumplan con las condiciones socioeconómicas puedan acceder a esta medida de apoyo. Este es un cambio sustancial y que nos permitirá llegar a muchas más familias, en un momento, además, en el que estamos registrando un incremento de las personas usuarias de los servicios sociales», aclara el concejal.
Esta situación supuso que «adaptáramos las partidas presupuestarias a la realidad de la norma en los últimos ejercicios, una cuantía que este año hemos ampliado en un 25%, hasta los 20.000 euros, dado que estamos registrando un incremento de los casos que pueden ser viables. No obstante, esta norma obsoleta requería de una intervención integral, decidida junto a la ciudadanía, para que los requisitos de adjudicación permitan que las ayudas cumplan su verdadero objetivo y ofrezcan un apoyo importante a las personas en situación de vulnerabilidad económica», señala Ascanio.
Además, la nueva norma recoge, en su disposición sexta, que se ajustará el procedimiento para procurar que el plazo de la convocatoria anual de esta ayuda esté comprendido entre la terminación del cobro voluntario del IBI y el 30 de octubre de ese mismo año, con el objetivo de que realmente se pueda aplicar la compensación con el ejercicio siguiente.
Más de 4.000 potenciales beneficiarios
Aún teniendo en cuenta que no se dispone de datos precisos acerca de posibles beneficiarios y beneficiarias, Bienestar Social estima que aproximadamente el 40% de las 12.000 personas usuarias anuales de los servicios sociales son propietarias de vivienda, además de aquellas que, sin ser usuarias, podrían beneficiarse de esta ayuda social.
Asimismo, según consta en el informe del servicio de Tributos y «una vez analizada la información catastral de las distintas unidades de tributación que conforman el padrón del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) del ejercicio tributario 2021, se han emitido 70.867 recibos de IBI de bienes inmuebles cuyo uso catastral es el de vivienda, con una cuota total anual de 21.401.024,88 euros, lo que representa una media de 301,99 euros».
Tras la aprobación definitiva de la nueva Ordenanza, se estimará una cuantía anual para dichas ayudas, sin perjuicio de que pueda ser ampliada, atendiendo a las solicitudes presentadas y a la capacidad presupuestaria municipal. Asimismo, se eximirá a las personas beneficiarias de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad social, conforme al artículo 13.2 e) de la Ley General de Subvenciones, atendiendo a la naturaleza social y de emergencia de estas ayudas.
La ayuda se hará efectiva mediante el correspondiente expediente de compensación con la cuantía del IBI pendiente de liquidar en el ejercicio de la convocatoria y que tendrá su reflejo en la notificación del acuerdo de concesión. En caso de que ya se haya abonado el IBI del año de la convocatoria y no pueda darse la compensación, se procederá al pago de la ayuda a la persona beneficiaria.
En el supuesto de que el perceptor o perceptora esté acogido a cualquier fórmula de pago fraccionado y, por tanto, el importe a percibir sea superior al que resta por pagar en el momento de la aprobación de la ayuda, la diferencia se hará efectiva por transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por el interesado en el modelo normalizado del Ayuntamiento.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de La Laguna aprobó, en septiembre de 2020, bajar el IBI a las familias y empresas del municipio ante las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria. Esta rebaja de la presión fiscal sobre la ciudadanía, con una reducción del tipo de gravamen del 0,53% al 0,515%, se aplica a los bienes inmuebles de naturaleza urbana y la medida continuará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023.
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