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FIRMA | Reporteros sin Fronteras: España retrocede | Salvador García

El informe anual de Reporteros sin  Fronteras (RSF) sobre libertad de prensa destaca el retroceso de España en esta materia: se sitúa en el puesto 32, por encima de Bután y por debajo de Austria, si bien la propia organización precisa que se ha modificado la metodología de trabajo, por lo que hay que restar peso a estos cambios en este primer año. La clasificación está encabezada por Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda y Portugal.

Es importante saber que RSF es una organización no gubernamental internacional de origen francés con sede permanente en París. Su objetivo, según declara en su presentación, es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.

Una de las revelaciones más importantes del informe de RSF es que en España los medios de comunicación son cada vez más opinativos y menos informativos. La explicación es que los problemas económicos que atraviesa la industria influyen en tal circunstancia, una de las más recurrentes en el debate sobre cualquier análisis de los medios de comunicación.

“España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su clasificación, azuzadas por medios excesivamente influenciados o tendenciosos y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos”, se dice en el informe.

En otro apartado del mismo, se destaca la proliferación en nuestro país de los llamados Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), infolibre.es (denunciado por el ex secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o elconfidencial.com (demanda millonaria de Iberdrola), recuerda la ONG. Recientemente, la Unión Europea (UE) ha empezado a promover una ley ‘antislapp’ para frenar la intimidación a periodistas mediante demandas infundadas.

Del mismo modo, continúa el informe, «es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert García (El País)  absuelto; y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio tras denunciar agresiones de agentes)».

La justicia española, sostiene RSF, «suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o ‘slapp’ no es tanto lograr una condena contra la prensa –difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos».

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