FIRMAS Salvador García

FIRMA | Sin límites a la libertad de expresión ni al derecho a la información | Salvador García Llanos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) considera que el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que sustituye a la ley franquista de Secretos Oficiales, resucita la censura al limitar la libertad de expresión y el derecho a la información “bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional”, según comunicado hecho público hace unas pocas fechas. La FAPE, que representa a más de diecisiete mil periodistas de toda España, ha expresado su “sorpresa y rechazo” ante la decisión del Gobierno de dar trámite de urgencia al proyecto, evitando someterlo a consulta pública y limitándose a un periodo de información pública de solo siete días hábiles, entre el 3 y el 12 de agosto, en pleno periodo vacacional, sin ningún motivo que lo justifique cuando la reforma lleva ya cuarenta y cinco años pendiente.

La agencia Europa Press informa de que, pese a ello, con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), ha presentado un conjunto de alegaciones al texto en el que, entre otras cosas, rechaza que se obligue a los periodistas a guardar reserva sobre cualquier información confidencial o restringida a la que tengan acceso en el ejercicio de su profesión y que se sanciones su publicación por cualquier medio de comunicación. Para la FAPE, no cabe concebir como “conocimiento indebido de información clasificada el que resulte de las investigaciones periodísticas”, por lo que no resulta aceptable que se sancione por publicarla ni que se obligue a entregarla a un funcionario público.

La FAPE concluye que el texto que el Gobierno se propone remitir al Congreso después del verano supone “tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz, como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos”, sin más límites que los que fija la Constitución: la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

La Federación, en la que está integrada la Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) y  agrupa a otra cincuenta asociaciones de la prensa de toda España, además de contar con otras dieciséis organizaciones vinculadas, “rechaza de plano que se impida o recorte tanto el acceso a la información como su publicación, estableciendo graves sanciones [de hasta tres millones de euros] para quien la contravenga, en lugar de recordar la obligación de la Administración de informar a los ciudadanos sobre el desarrollo de las políticas del Estado o el funcionamiento del sector público, las negociaciones políticas o comerciales de España con otros estados, los intereses económicos e industriales o la prevención, detección e investigación de delitos”; materias todas ellas que la ley permite clasificar como confidenciales o reservadas y castigar su publicación.

Por su parte, se dice también en la información de Europa Press, fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que la tramitación del anteproyecto en agosto responde a la voluntad de cumplir el compromiso de remitirlo a las Cortes este año y que “no hay contradicción entre la seguridad del Estado y los derechos constitucionales” a la libertad de expresión y el derecho a la información. Tras calificar el texto de “garantista y homologable a las democracias más avanzadas de la UE y la OTAN”, subrayan que su régimen sancionador ya estaba contemplado, aunque de manera más sucinta, en la ley vigente, sin que hasta ahora se haya sancionado a ningún periodista “por aplicación de la jurisprudencia constitucional”.

“Estamos convencidos de que la FAPE quedará satisfecha con las debidas explicaciones que recibirá como respuesta a sus alegaciones. En todo caso, seguiremos abiertos a intercambiar criterios y propuestas a lo largo de la tramitación administrativa y parlamentaria”, concluyen las mismas fuentes.

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