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OPINIÓN | Se reabre un viejo debate | Salvador García Llanos

Adeje.

Parecía un debate olvidado pero ha reaparecido. La financiación pública de los municipios considerados turísticos sigue siendo una asignatura pendiente. Hace años, para centrarnos, se hablaba de población de derecho y de hecho. También de población flotante o asistida. Se trata de prestar servicios básicos o comunes para toda la comunidad local. Los ayuntamientos se veían –se ven- obligados a hacerlo cuando se enfrentan a la realidad de un número de empresas y habitantes reglados, inscritos en en padrones de contribuyentes y demás, al que hay que sumar una importante cantidad de visitantes, durante una temporada o estación o durante todo el año, a los que también hay que prestar servicios públicos, desde seguridad a recogida domiciliaria de basuras.

Los munícipes se las ven negras para cuadrar presupuestos sin incrementar las tasas, al menos excesivamente, aunque por muy bajos que sean los porcentajes, siempre parecerán elevados y no faltarán las quejas o protestas. Eso sí: todos quieren que las calles y jardines estén limpios.

Pues el debate ha reaparecido, con elementos no muy diferentes de los que se manejaron en el pasado. La Alianza de los Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) denuncia una financiación pública insuficiente para poder atender todas las demandas.  Tres municipios canarios se integran en la AMT: San Bartolomé de Tirajana, Adeje y Arona.  El problema de resume en que con apenas cuatrocientos treinta mil habitantes han de prestar servicios a casi ocho millones de turistas al año. Los ocho municipios que conforman la AMT representan tan solo el 0,9 % de la población pero copan el 9 % de la ocupación turística. El conjunto de su oferta de alojamiento reglado alcanza el 15 % y registran el 19 % de las pernoctaciones hoteleras del turismo internacional del país. El desequilibrio, por tanto, salta a la vista.

Téngase en cuenta que en el verano previo a la pandemia los ocho destinos turísticos de la Alianza recibieron conjuntamente recibieron a más de 7,8 millones de turistas, cifra que es muy probable puedan repetir este año de acuerdo con las previsiones que los gantes del sector han calculado.

La AMT es fruto de la iniciativa de ocho destinos turísticos en España, cuya singularidad turística y compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos representa un conjunto de fortalezas comunes para mantener su posición de liderazgo en el sector. La actividad turística de los ocho destinos genera alrededor de noventa y cuatro mil puestos de trabajo.

Está claro que los integrantes de la Alianza, con el apoyo de otras organizaciones y, si nos apuran, hasta de la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para intentar alcanzar un acuerdo más justo y equilibrado, sobre todo ahora que todos quieren pillar cacho del sector público.

La desigualdad de condiciones, no solo en la teoría sino también en la práctica, es un hecho evidente. Los afectados querrán un acuerdo estable que permita vislumbrar unos horizontes presupuestarios mucho más llevaderos. Pero, ojo, los ayuntamientos deberán, no solo sacudirse las pulgas, sino garantizar la prestación de servicios de calidad. Esta es una materia a la que alcaldes y ediles de Hacienda y Turismo deberán prestar una atención especial, si quieren, simplemente, que el destino siga siendo competitivo.

Y eso, en los tiempos que corren, de plena recuperación, es una exigencia.

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