FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Culebrón majorero | Francisco Pomares

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Un concejal con tendencia a mandar escabrosos mensajes sexuales, una ex asesora suya, dispuesta a denunciarlo y que se queda sin trabajo por contarlo, una mayoría municipal colgada de los pelos tras un acuerdo político con concejal que rompe con los suyos y un pueblo -Puerto del Rosario- en el que incluso después de una sentencia judicial por acoso sexual, bastante contundente -aunque recurrible ante la Audiencia Provincial-, la política ha conseguido dividir al paisanaje en dos grupos irreconciliables: el de quienes piensan -con la jueza a la cabeza- que el concejal se pasó tres pueblos con sus recitados obscenos a la asesora, y quienes creen que lo que ha ocurrido responde a una operación política para cambiar la mayoría municipal.

Lo llamativo del caso es que dos partidos de izquierda -el PSOE y Podemos, y una concejal expulsada y luego readmitida en Ciudadanos, sean los que, frente a varias páginas de mensajes explícitos, enviados por guasap y Facebook y reproducidos en la sentencia, sigan manteniendo que eso no es tan importante, que lo que cuenta es que la acosada está en una operación para cambiar la mayoría. Es curiosa la fragilidad que a veces tienen los principios cuando de lo que se trata es de mantenerse en el poder: el voto de Yose Herrera Martell, ahora condenado por acoso sexual, concejal de la Agrupación de Electores de Puerto del Rosario que rompió con Manuel Travieso y apoyó al socialista Juan Jimenez como alcalde, sigue siendo determinante para evitar que a menos de un año de las próximas elecciones, se pueda montar un nuevo gobierno municipal, que ya son ganas, para estar ocho meses.

Y es que si Herrera Martell renunciara a su acta, sería sustituido precisamente por la asesora que le denunció ante los tribunales por acoso, tercera en la plancha de la Agrupación de electores, pero leal a Travieso.

De todas formas, lo chocante en esta historia no es que Herrera se niegue a tirar la toalla, que no reconozca la autoría de los mensajes enviados desde su móvil, o que niegue lo que en Puerto del Rosario parece saber todo el mundo: que se chifló y le dio a la tecla sin tino ni mesura. Que Herrera se resista a reconocer lo que prueba la sentencia es lo que ocurre con la mayoría de las personas acusadas de un delito, y le asiste el derecho a seguir defendiéndose mientras no haya un veredicto firme. Lo que de verdad resulta difícil de entender es que el alcalde Jiménez -tras retirar a Herrera sus cargos públicos- continúe hablando de que esto ha pasado porque hay una conspiración detrás, o que los concejales de Podemos apoyen la continuidad de Herrera para sostener la mayoría de Gobierno o que la concejal de Ciudadanos, Peña Armas, asegure con más desparpajo que sesera que ella dijo “desde el minuto uno” que lo de Herrera “era un tema político”. Y que por eso “mantengo mis palabras: porque a este señor le han arruinado la vida, le has destrozado su familia…” Y remata la concejala con una inesperada defensa del acoso sexual por las redes: “¿Que lo ha hecho? ¿Que ha mandado mensajes?”, se pregunta. Y ella misma se contesta: “Pues como un montón de gente… Yo a diario recibo mensajes por redes sociales”. Jesús, María y José… como está el patio.

A estas alturas, es difícil descubrir nada nuevo en la viña del Señor, pero no deja de ser abochornante la extraordinaria facilidad con la que el interés político lastra las entendederas de la gente y cauteriza su sentido de la vergüenza. Me pregunto si sería tan difícil que ante situaciones como este tórrido culebrón majorero, que se ha convertido en el chisme de verano en la capital de Fuerteventura, nuestros políticos fueran capaces de mantener si no la cabeza fría, al menos la boca cerrada. Porque de lo que se trata en esta historia no es de si la denuncia de la asesora facilita la caída de un gobierno municipal montado -¿conviene recordarlo?- porque en Puerto del Rosario hubo gente que cambió el sentido esperado de su voto, sino si realmente se produjo el delito de acoso sexual continuado denunciado por la asesora y que la jueza considera probado.

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