Como era previsible, el Gobierno de Canarias se ha adelantado a la posible petición de una rebaja fiscal en el tramo autonómico a los palmeros, negando tal posibilidad: primero fue el propio presidente Torres, y ahora la Consejería de Hacienda, que ha cerrado filas con la Hacienda nacional al negarse a una exención general a los vecinos de La Palma. La propuesta de resolución de Ana Oramas que concitó el apoyo de la mayoría del Congreso en el debate del Estado de la Nación –reducir el 60 por ciento del impuesto- no se aplicará al IRPF ni en su tramo nacional ni en el autonómico durante los próximos diez años, como aprobó la mayoría parlamentaria, porque el Gobierno se pasa por el refajo las decisiones de la Cámara. Democracia, se llama la figura.
La Consejería de Román Rodríguez se opone a cualquier reducción generalizada de la fiscalidad, porque cree que es suficiente con las medidas de carácter singular y específico que el Gobierno (los gobiernos de España y de Canarias, para ser más exactos) ha aplicado bonificando a los sectores más afectados por los destrozos del volcán. Torres y Rodríguez han optado por nuevas medidas fiscales para La Palma que se materializarán en los presupuestos de 2023. Cuando se le ha preguntado al Gobierno en qué consisten esas medidas por las que ha optado, han respondido que lo estudiarán en próximas reuniones del Consejo, lo que no deja de ser una explicación muy chiripitiflautica: tenemos un Gobierno que es capaz de optar por medidas que él mismo Gobierno aún desconoce. Eso es tenerlo realmente claro, sí señor.
En realidad, lo que sabemos es que Torres y Rodríguez, Rodríguez y Torres, no creen que sea bueno aplicar soluciones al estilo ‘café para todos’. Creen que las medidas deben ir dirigidas únicamente a quienes realmente las necesitan, porque eso es hacer una política progresista y lo otro es hacer lo contrario. El argumento tiene su pase a primera vista, pero el objetivo de exenciones y rebajas fiscales de carácter general es también parte nuclear de la cultura política canaria: es la base, por ejemplo, del REF, dónde se establecen medidas para mejorar las condiciones deficientes en las que se ha producido el desarrollo de la sociedad y de la economía regional. Las exenciones y bonificaciones del REF –que son justo ‘café para todos’- persiguen precisamente modificar una situación que –por motivos estructurales, como la lejanía del continente o la fragmentación territorial- afectan al conjunto de la población, a los ricos, las clases medias y los pobres. ¿Sería más justo aplicar las bonificaciones del REF sólo a las rentas más bajas? Por supuesto, pero sería quizá bastante menos eficaz para influir en el control de los precios de la cesta de la compra, el desempleo, o las necesidades de trasporte. Cuando se planteó la bonificación a la residencia, sólo muy pocas voces se levantaron diciendo que era injusto bonificar también los vuelos en primera clase, porque eso beneficia especialmente a quienes más tienen, en detrimento de quienes tienen menos… Entonces el partido de Román Rodríguez defendió airadamente el ‘café para todos’, como lo ha defendido el PSOE en el cheque de 400 euros a los nuevos electores, (perdón, quise decir a los jóvenes que cumplen 18), o el cheque bebé, o la bonificación al uso de trenes de cercanías, o la bonificación de 20 céntimos por litro al combustible, o tantísimas exenciones de carácter general, en las que no se pregunta a nadie por su declaración de la renta.
O sea: que nuestros próceres regionales consideran perverso el ‘café para todos’ sólo cuando tienen que pagarlo. Y hasta sería razonable que se resistieran al reparto, si el Gobierno fuera capaz de gastarse lo que ingresa por impuestos, haciendo una política dirigida a los más necesitados. Pero no es así: el año pasado el Gobierno fue incapaz de gastarse 600 millones de euros. Les habría sobrado para aplicar la exención fiscal una docena de veces a todos los palmeros. Y supondría inyectar recursos a una economía completamente exhausta.
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