FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

OPINIÓN | Redes sociales y sanción de tráfico | Juan Miguel Munguía

Una reciente sentencia de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander anula la multa de 500 euros impuesta a un conductor por un adelantamiento temario, en base a unas imágenes publicadas en redes sociales. El juez considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, ya que no fue admitida ninguna prueba en contrario.

El hombre fue denunciado, en base a una grabación difundida en una red social, por una maniobra de adelantamiento a dos vehículos y un grupo de ciclistas en un tramo de vía donde no está permitido el adelantamiento, por ser un tramo de visibilidad reducida.

Hay que tener en cuenta, según manifiesta la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo, y a la que hace refiere la sentencia, que “cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad, encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados por un Agente no puedan ser desvirtuados  mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda otra prueba, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad de los hechos denunciados”.

Pero en el presente caso, se da la circunstancia de que la denuncia no es observada directamente por agentes de tráfico, sino que se fundamenta en la publicación de un vídeo en una red social. Y es que la ratificación del agente hace referencia a ese vídeo, el cual no consta en el expediente y al que la defensa no tuvo acceso.

Además, el denunciado, quien en todo momento negó estar en dicho lugar, solicitó varias pruebas que pudiesen demostrar que el citado coche que realizó el adelantamiento temario no era el suyo, pero  todas fueron desestimadas sin ningún tipo de explicación por la administración. Éstas fueron: acceso a la filmación de la infracción, croquis del lugar donde sucedieron los hechos, el informe del lugar en el que se encontraba el denunciante y el interrogatorio de éste.

Por ello, la sentencia entiende que con dicha inadmisión de pruebas se ha producido indefensión del recurrente, desvirtuando así la presunción de inocencia, ya que la mera denuncia y ratificación no constituye una presunción absoluta, sino que cabe prueba en contrario y éstas eran precisamente las propuestas por el recurrente, teniendo en cuenta las circunstancias de este caso y no la mera ratificación de la denuncia.

Finalmente, el juez anula la resolución y la sanción impuesta de 500 euros y 6 puntos e impone las costas a la administración.

 

munguia@munguiaabogados.com

 

 

 

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