FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Hipocresía podemita | Francisco Pomares

Aún no se sabe cómo justifica el Constitucional que Alberto Rodríguez sea restituido en su puesto de diputado, pero la matemática sí parece dejar ya claro que -tras la aceptación en mayo de los dos recursos de amparo del diputado- la suma de los votos de los jueces progresistas y de alguno de los conservadores va a devolverle su escaño al parlamentario tinerfeño. Cuando el Tribunal Supremo le inhabilitó para el ejercicio del sufragio pasivo tras ser condenado por un delito de atentado a agente de la autoridad, la presidenta de las Cortes, la señora Batet, decidió -en contra del criterio de sus propios letrados- obligar a Alberto Rodríguez a abandonar su escaño. Algunos dijimos que parecía desproporcionado aplicar la pérdida de acta por un delito que supuso apenas 45 días de inhabilitación. Eso es lo mismo que ha fallado o va a fallar el Constitucional en las próximas horas. Entre bromas y veras, Alberto Rodríguez y quienes le votaron han sido castigados a una suerte de limbo político-judicial desde octubre del año pasado.

Adelantándose a cuando suene la flauta, los antiguos colegas de Alberto en el Grupo Parlamentario de Podemos en Canarias, pidieron ayer la dimisión condicional de la presidenta del Congreso, en cuanto se produzca la confirmación del Constitucional de que el diputado no debió ser privado de su escaño. En un acto básicamente hipócrita, el portavoz parlamentario podemita, Manuel Marrero, mandó ayer a los medios de comunicación unas grabación personal en la que pide la dimisión de la Batet porque quitarle el escaño a Alberto Rodríguez, es (ahora) un “grave escándalo” (un ‘golpe de estado’, ha exagerado Monedero) que demostraría que la presidenta cedió a presiones del Poder Judicial, y llevó a cabo un “acto unilateral”, y una decisión política inaceptable, al retirar el acta al diputado sin “sin motivación jurídica alguna”. Marrero ha escuchado campanas: es muy probable que la decisión que devuelva a Alberto Rodríguez su escaño se justifique en la inexistencia de argumentación jurídica en la comunicación en la que Batet informa a Rodríguez y a la Junta Electoral que debe ser sustituido por el siguiente en la lista.

Lo que no dice Marrero es por qué en aquél momento, cuando la presidenta del Parlamento opta por rescindir los derechos parlamentarios de Rodríguez, Podemos sólo emitió algún muy moderado gruñidito de desaprobación desde las gradas en vez de plantear una respuesta más contundente. Rodríguez se quedó absolutamente sólo tras cumplir su condena y pedir ser reincorporado al escaño. Nadie le defendió entonces. Probablemente porque en Podemos están acostumbrados a actuar según convenga: a Alberto lo dejaron más desahuciado que al peine de su entonces Señoría, porque haber planteado su defensa habría supuesto una crisis sería con el PSOE. El diputado de las rastas no sólo se quejó amargamente por el comportamiento de los mismos que ahora lo califican amorosamente de compañero, sino que incluso cortó con el partido del que había sido hasta pocos días antes nada menos que responsable de organización de Podemos (el tercer hombre en el escalafón del partido de los círculos, sustituido unos meses antes por Lilith Vestringe, la entonces protegida de Iglesias) y reclamó la necesidad de un partido de izquierdas de obediencia canaria, en cuya creación se puso raudamente a trabajar. Es casi seguro que el Constitucional no tardará mucho en devolverle el acta a Alberto Rodríguez. Ocurra cuando ocurra, apuesto que será recibido por sus antiguos colegas de Podemos con un aplauso bastante más sonoro que sus protestas cuando le dieron la patada.

La capacidad de adaptación de Podemos es provervial: ayer mismo, mientras Marrero pedía con entusiasmo la dimisión de Batet, otro diputado podemita, Francisco Déniz, consideraba “ya superado” el debate sobre la compra de los nuevos sillones de los diputados, que hace apenas unos días la consejera Noemí Santana calificaba muy circunspectamente de “innecesaria”, porque en esta región mucha gente se pasa un montón de horas en sillas de 50 euros, y no veía necesario que “el resto de personas que trabajamos en el Parlamento vivamos en una burbuja y nos tengamos que sentar” en sillones tan caros. Me pregunto qué habría dicho el diputado Déniz si el recambio de los sillones fuera una iniciativa de la señora Batet.

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