Pues no creo. Aunque haberla la hay, como concluyen los tribunales de justicia de vez en cuando. Subyace presunta corrupción en toda cuestión de índole urbanística como afloró esta semana a raíz de la asamblea multitudinaria contra las edificaciones proyectadas en el Puertito de Adeje.
En Canarias están parados a falta de declaración de impacto ambiental 3.000 millones de euros en inversiones. Y las que obtienen visto bueno después de años de tramitación son sometidas a escarnio público como en este caso. Si en vez de en dinero los proyectos se cuantificaran en puestos de trabajo quizás la sensibilidad fuera otra. Un hotel en La Tejita o una urbanización en el Puertita de Adeje: la ley de espacios naturales se quedó muy corta para un gran número de ciudadanos.
Para un grupo relevante de personas ocupar determinado suelo para la actividad económica es del todo inaceptable. Y lo expresan con vehemencia, por convicción, porque entendemos que de las veinte mil firmas contra estas viviendas en Adeje solo algunos pocos estarán perjudicados directamente : los propietarios del suelo lo habrán vendido o participan en la promoción y se benefician o se beneficiaron económicamente, y vecinos solo hay unos pocos, que según parece está previsto compensar convenientemente. Si nos tomamos en serio esta reivindicación, que como sociedad estamos obligado a hacerlo , habría que buscar el origen de ese malestar.
En esa asamblea se habló de la afección al espacio natural protegido de La Caleta, por cercanía, y la desaparición de flora y fauna naturales presentes en algunas parcelas que se verán ocupadas por las obras. La actuación linda con el espacio protegido pero no lo invade. Y es que la delimitación de los espacios naturales, que viene de la ley de 1987, preserva la mitad del territorio canario por motivos medioambientales , la mitad, precisamente para garantizar el legado a las generaciones futuras. ¿Es poco la mitad del territorio?
Pues no creo. El problema en la gestión urbanística no es de leyes. Esos 350 millones de euros a invertir en el Puertito de Adeje tienen todas las bendiciones. El problema en la gestión urbanística es que las decisiones se adoptan de forma discrecional, por acción política, y la política, por muy democrático que sea nuestro sistema , que lo es de momento, deja vencedores y vencidos, beneficiados y perjudicados, gente que aplaude y gente que denuncia corrupción.
Las decisiones políticas no son corrupción si se ciñen a las competencias que la propia ley otorga a quienes las toman. Y como estamos en un estado de derecho , de momento, las denuncias se tramitan, se aplica medidas cautelares cuando corresponde, retraso, hartazgo y dilución infinita de los efectos positivos que toda inversión de este tipo comporta.
Y ahora usted que me lee, mientras se rasga las vestiduras y se acuerda de mis antepasados por línea materna, pensará que ya me chiflé del todo, que la edad me afecta a la corteza cerebral y que me he vuelto un desarrollista sin escrúpulos. Pues no, chiflado venía de atrás. Indignado con el «NO» que defiende toda esa gente bienintencionada que es manipulada por la mano que mece la cuna. Presuntos ecologistas en defensa de suelo agrario paralizaron la ejecución de Vía de Ronda lagunera y luego se supo que la protesta fue instigada por la propietaria de un terreno disconforme con el precio de la expropiación. El tiempo nos dirá qué interés motivó la demolición del aparcamiento de Las Teresitas o el retraso de la variante de la TF-5 que se discute ahora. Economía y empleo en segundo plano, no me toquen esa tabaiba… hasta que llega el volcán.
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