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Agentes de la Policía Nacional han investigado a un hombre y a una mujer, de 45 y 46 años de edad respectivamente, por la presunta autoría de los delitos de falsedad documental y contra la seguridad social. Los dos investigados, administrador único e intermediaria, al parecer actuaban a través de una empresa sin actividad, dedicada a facilitar contratos laborales a terceros con el fin útimo que éstos obtuvieran beneficios administrativos, bien fueran prestaciones sociales o en materia de extranjería.
La investigación policial surge de los convenios de cooperación interministeriales del Gobierno de España, materializados en este caso por la colaboración entre el Servicio Estatal de Empleo, la Inspección Provincial de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional.
En base a esta colaboración se destapó una empresa ficticia, sin actividad, radicada en la zona sur de la isla de Tenerife. El fin último de la misma era facilitar contratos a terceros, al parecer por unos 250 euros, para que éstos se beneficiasen administrativamente en materia de prestaciones sociales y régimen de extranjería.
Hasta el momento, los investigadores de la Policía Nacional han identificado a ocho ciudadanos que, a través de este tipo de contratos fraudulentos, han obtenido beneficios administrativos. El perjuicio económico ocasionado por el pago de prestaciones sociales indebidas asciende a más de 21.000 euros.
La investigación continúa y la Policía Nacional no descarta que se practiquen nuevas actuaciones en el futuro.
Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Sur de Tenerife.
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