FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Mejorar la estadística | Francisco Pomares

La publicación del informe presentado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, basado en el análisis de las últimas cifras oficiales y de la información del portal de transparencia, volvió a colocar a Canarias como la región española con peor puntuación de todas durante 2021, en atención de la dependencia, en base a 16 indicadores. En España, donde el Gobierno Sánchez no supo o no pudo gastar 76 millones, cuando hay casi 400.000 dependientes a la espera, la nota  media regional es de 5,1. La de Canarias es de 1,6. Y existe además en las islas un indicador que no baja ni a la de tres: el promedio de días necesarios para tramitar la dependencia, que en el conjunto del país es de 421 días, en Canarias es de ¡¡¡923!!!. Los datos son conocidos, reiterados por la Asociación de Directoras y Gerentes, o por la Diputación del Común de Canarias, con un informe específico sobre la situación de la Dependencia. Y pone de los nervios al Gobierno de las Flores, que no ha logrado cumplir una sola de sus promesas sobre dependencia. El anterior responsable, Miguel Montero, tuvo al menos la decencia de dimitir cuando no pudo cumplir su compromiso de reducción de las listas.

Pese a la reincidencia en los malos datos, Derechos Sociales anunció hace un par de semanas que el mes de marzo la Consejería había logrado incorporar al sistema de atención a la dependencia nada menos que a 890 personas. Un auténtico record, jamás logrado en la historia de la gestión de la dependencia en las islas, ni siquiera durante la anterior etapa de gestión de Marta Arocha, cuando la socialista Patricia Hernández era responsable de Asuntos Sociales en el Gobierno de coalición del PSOE con Clavijo. Los palmeros celebraron las nuevas cifras, asegurando que la nueva directora general Arocha había conseguido darle la vuelta a la situación del limbo de la dependencia en un par de meses. ¿Realmente?

No: Arocha es una política avispada y una técnico que conoce perfectamente los trucos y vericuetos del sistema. Pero llueve sobre mojado: hace un par de meses, los medios se hicieron eco del malestar de las valoradoras del servicio, cuando en una reunión se les pidió que concentraran sus esfuerzos no en dar entrada a nuevos expedientes sino en dar salida a los existentes, un sistema muy eficaz para reducir las listas de espera. Fue una reunión tensa, en la que se produjo la negativa de las valoradoras a cumplir tal recomendación.

Arocha optó entonces por otro método para descargar las listas, más expeditivo: consiste en externalizar el trámite de los expedientes, encargándole esa tarea a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, la antigua Fundación Sagrada Familia, dependiente de la Consejería, a la que el Gobierno cambió de nombre en 2020, por resultar demasiado clerical para el gusto de Noemí Santana.

El mecanismo seguido para mejorar la estadística es sencillo: en vez de resolver las situaciones de dependencia con prestaciones vinculadas al servicio (PEVS), establecidas en función del grado de dependencia y la situación económica personal del dependiente, destinadas al pago de servicios de atención residencial, atención diurna o ayuda domiciliaria por personal especializado, que crean trabajo en el sector de los cuidados y resuelven realmente el problema de atención a los dependientes… en vez de eso, lo que se ha hecho es dar masivamente a los peticionarios prestaciones por cuidado en el entorno familiar, que –en los dos tercios de los casos-, no superan los 300 euros por ayuda. La diferencia consiste en que ya no se paga lo que cuesta la atención de una persona dependiente, tras ser valorada, sino se entregan al familiar a cargo del dependiente 300 euros. En la situación económica en la que estamos, nadie rechaza ese dinero, que al Gobierno le quema las manos.

El pasado mes de marzo, de las ayudas tramitadas, 518 se resolvieron dando 300 euros o poco más a los familiares de un dependiente. Y esa ayuda debe ser excepcional, como contempla la ley: los parientes pueden gastar sin tener que demostrar el destino del dinero. Eso provoca abusos y no resuelve definitivamente la situación del dependiente. Pero eso sí, a Arocha le mejora mucho la estadística.

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