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SANTA CRUZ | El municipio cede un inmueble municipal para la Diputación del Común

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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a la cesión temporal de un inmueble de titularidad municipal en favor de la Diputación del Común por un periodo prorrogable de 50 años y para uso de la oficina administrativa en la isla de Tenerife.

Las dependencias objeto de esta concesión, del que es titular el Ayuntamiento, se corresponden al edificio situado en la calle Alfaro, número 1, esquina calle Castillo, número 69, y que está dado de alta en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos.

En el acto de suscripción formal de esta cesión estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el quinto teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez y, por parte de la entidad beneficiaria, el Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes Mesa.

José Manuel Bermúdez indicó al respecto que «de esta forma el Ayuntamiento apuesta por facilitar la actividad a una institución señera para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y que están reconocidos en la Constitución, y proteger a la población más desprotegida frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias»

El Diputado del Común, Rafael Yanes, quiso agradecer al alcalde de la ciudad su predisposición a esta cesión «ya que desde nuestra primera conversación, tuvo muy claro que este servicio público debería permanecer en esta ciudad. No lo dudó ni un segundo, y el empeño de ambos es lo que finalmente lo ha hecho realidad».

«La firma de este convenio hace que el día de hoy sea muy importante en la historia de la Diputación del Común ya que lo consideramos idóneo para realizar nuestra función de protección de los derechos ciudadanos. Por su ubicación, en la Calle del Castillo, y por sus dimensiones, adecuadas a nuestras necesidades» a lo que añadió «es una cesión oportuna porque en estos momentos de crisis vamos a ahorrar 50.000 euros anuales de alquiler».

Juan José Martínez señaló que «esta cesión gratuita establece la obligación del Diputado del Común de conservar el local en perfecto estado, hacerse cargo del coste de los suministros y, en ningún caso, podrá destinarse a un uso distinto al acordado».

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