FIRMAS

OPINIÓN | Productividad | Óscar Izquierdo

Llevamos décadas denunciando la deficiente Administración Pública que sufrimos en Canarias. Ni los que gobernaban antes, ni los que lo hacen ahora, han puesto soluciones viables para corregir una deriva cada vez más desastrosa. No han sabido, a lo mejor, es que no han podido, vaya usted a saber por qué o quizás, no se atreven por cobardía. El corporativismo y sindicalismo de la Función Pública les asusta, es más, les da pánico.  Lo que está claro es que asistimos a un empoderamiento de algunos funcionarios, que son los que gobiernan de facto, aunque otros figuren de hecho. Es decir, los que no son elegidos democráticamente, por medio de las votaciones en unas elecciones libres, están ejerciendo el poder ejecutivo, no en la sombra, sino a pecho descubierto, tanto en el Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Es una falta de gallardía de los responsables públicos, que no saben ponerse en su lugar y ejercer las funciones que les corresponden con fortaleza de ánimo, acción y voluntad decidida.

Estamos asistiendo a una deriva peligrosa de nuestro sistema democrático, que está siendo dirigido por determinados burócratas caprichosos, engreídos y soberbios. Es tanto el terror que hay a represalias por parte de los susodichos, que cuando alzamos la voz, denunciando esta situación anómala, enseguida vienen las llamadas o avisos de los correveidiles de turno, avisando que lo mejor es estar calladitos, para llevarse bien con ellos, con el fin de que, por su benevolencia, saquen adelante los expedientes, licencias o demás trámites, no en tiempo y forma, sino cuando a ellos les dé la gana.

Pues se tiene que acabar con este servilismo, que ha demostrado que lastra nuestra economía, la viabilidad de las empresas y la creación de empleo. La Ley de Protección de Datos es muy exigente, como tiene que ser, pero hay otros medios muy eficaces, para empezar a denunciar públicamente los atropellos que estamos sufriendo los empresarios y los ciudadanos en general que, sin decir el nombre, podríamos saber de forma sibilina a quién corresponde. Porque es necesario conocer, a los que están frenando todo, paralizando inversiones, aumentando el desempleo y fomentando la pobreza en nuestra tierra, mientras ellos cobran mensualmente sus buenos sueldos, produzcan o no produzcan.

Es verdad que las generalizaciones llevan muchas dosis de error, porque no todos somos idénticos, ni las personas se comportan por igual o de la misma forma. En todos los ámbitos hay profesionales ejemplares, abnegados y meritorios. Precisamente son esos empleados públicos, los que nos manifiestan constantemente y con la petición que lo demos a conocer públicamente, de su malestar por la irresponsabilidad de compañeros, que no tienen la más mínima vergüenza en incumplir con lo que son sus obligaciones laborales, importándoles un bledo parar inversiones que crean riqueza social, por caprichos ideológicos o egos personales, sin descartar, que también hay algunos que lo hacen, porque sencillamente el puesto que ocupan es demasiado grande para sus conocimientos o  capacidades personales.

Lo que estamos exponiendo es una realidad incuestionable, verificable y padecida. Que no venga nadie a decir que estamos malamente generalizando, al contrario, todos sabemos, empezando por los propios empleados públicos a quienes nos referimos, en cada consejería, departamento, sección, negociado o ayuntamiento. El que se sienta aludido es porque se identifica con lo dicho y ese es su problema. Necesitamos una Función Pública moderna, con la máxima digitalización, dejando en el pasado las interpretaciones funcionariales subjetivas y los enfrentamientos interdepartamentales o individuales entre compañeros por pura egolatría.

Los empresarios trabajamos, creamos empleo, movilizamos la economía dinamizando el sistema productivo, para el bienestar social y una mayor calidad de vida ciudadana. Enfrente, están ciertos burócratas recalcitrantes y acomodados, incrustados en la Administración Pública, para entorpecer el progreso. Hay que desenmascararlos, exigiéndoles la cuantificación de su productividad, ahí está la solución.

Oscar Izquierdo es Presidente de FEPECO

 

 

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