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PANDEMIA | El TSJC ratifica la exigencia de acreditar la ausencia de infección COVID-19 en el acceso a establecimientos públicos

La medida sólo afecta a las Islas en los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria y no se conservarán los datos ni se podrá hacer uso de ellos para otra finalidad que no sea el acceso a esos espacios

EBFNoticias 

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) ha aprobado la medida sanitaria contra la propagación de la Covid19 acordada por el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias el
pasado 22 de diciembre.

Se trata de requisitos sanitarios que regulan el acceso para los mayores de 12 años y 3 meses a establecimientos, instalaciones, actividades o espacios de uso público con el fin de evitar la expansión de la infección de Covid-19.

Estos requisitos consisten en acreditar que se está libre del virus mediante la exhibición del resultado negativo de una prueba diagnóstica realizada en un laboratorio legalmente autorizado con una antelación máxima de 48 horas o de vacunación contra la enfermedad a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa, o en
presentar una acreditación de haberla pasado al menos entre 11 y 180 días
antes mediante la exhibición de un certificado oficial.

En un auto notificado este viernes, la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas, formada por
los magistrados Óscar Bosch Benítez (presidente y ponente), María
Mercedes Martín Olivera y Lucía Débora Padilla Ramos, considera
justificadas las medidas limitativas.

Señala que su necesidad “es ostensible a la vista de las cifras alarmantes del ascenso de los contagios y de la presión sobre el sistema sanitarios y que la obligatoriedad “no vulnera ningún derecho fundamental, tal y como ha establecido con nitidez el Tribunal Supremo con asuntos que guardan gran similitud”.

Por tanto, la Sala resuelve “ratificar las medidas sanitarias acordadas por la
Orden del consejero de Sanidad” por un periodo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La resolución es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo

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