Podría decirse que la insistencia con la que se vapulea a los ciudadanos de este país con noticias de éxito –la mayor parte de las veces futuribles- contrasta con la lentitud con la que se producen las soluciones o remedios que se anuncian y aventuran. Dentro de menos de un mes se cumplirán dos años del inicio ‘oficial’ del desastre, y un año y medio de las primeras promesas sobre la llegada de fondos europeos. Como en política todo se dosifica, para que dure más, los anuncios se fueron alargando en el tiempo, y uno no sabe ya cuántas veces ha escuchado a nuestros próceres referirse a cada una de las ayudas, por su nombre propio y cualidades, como si fueran de la familia; o cuantas veces se nos ha contado la especie de que –primero en 2021, ahora nos dicen que en 2022- esos fondos con nombre de peli de superhéroes van a hacer que todos, grandes y chicos, nademos en la abundancia.
De vez en cuando, las informaciones sobre lo bueno que va a venir dentro de poco se complementan con alguna que otra que da cuenta del cumplimiento de las promesas realizadas. La última es la que tiene que ver con el rápido reparto de las ayudas a pymes y autónomos, en las que el Gobierno –con la inestimable ayuda de las Cámaras de Comercio- habría logrado cumplir los plazos anunciados. Según el Gobierno, el 13 de diciembre se cerró el reparto de los 1.144 millones de euros recibidos del estado para compensar a trabajadores autónomos y empresas, la pérdida de ingresos ocasionada por la pandemia y la paralización económica consiguiente.
Pues hay que felicitarse por ello: cumplir los plazos, con la administración básicamente paralizada por la enfermedad, tiene su mérito. Pero es curioso que el mérito se lo atribuya el Gobierno cuando han sido las Cámaras de Comercio las que han llevado a cabo los trámites…
Además, en todo conviene leer la letra pequeña, se ven cosas curiosas: de las ayudas concedidas en la línea 2.2, la dirigida a Pymes entre 11 y 49 empleados, por un total de 415 millones de euros, menos de cincuenta fueron por cantidades inferiores a 6.000 euros, y algo más de 270 empresas recibieron cantidades superiores al medio millón de euros, y hasta 1.800.000 euros. En total, las dos terceras partes de esa línea se destinó a ayudas muy importantes, superiores al medio millón de euros. Podríamos felicitarnos de que el Gobierno haya sido generoso, pero sería una lectura incorrecta. En realidad, se han dado seis veces más ayudas grandes que pequeñas, y -lógicamente- han ido a parar a las empresas con más trabajadores. Ya sabemos que en Canarias las empresas con más trabajadores suponen globalmente una parte pequeña del empleo. Pero fueron las que pudieron permitirse el apoyo de consultorías para preparar papeles y documentos. La famosa capilarización de las ayudas a todo el cuerpo social de la que hablaba ufanamente Román Rodríguez cuando se presentó el éxito que suponía que a Canarias llegara más ayuda que a ninguna otra región, no ha funcionado tan bien como se esperaba. Sí, unas pocas empresas pequeñas han recibido sus ayuditas de 4.000 euros por vía capilar, pero otras muchas empresas (algunos nombres son recurrentes) han recibido un buen chorro de billetes –hasta casi dos millones- directamente por arteria. Y no hablamos siquiera de la línea 2.3, de ayudas a las empresas de más de 50 trabajadores…
Estamos en una época curiosa: esta región la gobierna un pacto de izquierdas, que se pasa la vida hablando de reducir la brecha social, de evitar que siga creciendo la diferencia entre ricos y pobres, y cuando llega el momento de repartir, se olvidan de lo que predican y concentran las ayudas en quienes más tienen. Y de lo que presumen es del éxito de haberlas entregado a tiempo. Más les valdría publicar una relación de cómo han distribuido esos 1.144 millones. No sólo de a cuánta gente han llegado las ayudas, sino en que cantidades, y cuánto se ha destinado a soltar morteradas…
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