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En el año que ahora concluye, el Comisionado de Transparencia de Canarias ha evaluado los portales de transparencia de 968 entidades públicas y privadas a través de la herramienta telemática ‘T-Canaria’, gracias a la colaboración de más de 1.200 funcionarios o técnicos que autoevaluaron a sus organizaciones. Ello representa un incremento de un 46 % sobre las evaluaciones realizadas en 2020 y confirma a Canarias como la comunidad autónoma con la más amplia rendición de cuentas en esta materia.
Por cuarto año consecutivo, todas las instituciones públicas presentan su declaración de transparencia y solo 12 entidades dependientes de cabildos y ayuntamientos no la han presentado.
El sistema canario de la transparencia se sostiene sobre los portales de transparencia y, especialmente, sobre el ejercicio del derecho de acceso que los ciudadanos realizan al preguntar a las administraciones, sobre todo –cómodamente– a través de sus sedes electrónicas. Su calidad se deriva del uso que se lleve a cabo.
Por ello se va a reactivar la campaña informativa llamada «Canario, conoce tu derecho a saber y a preguntar». Trata de que se conozcan en mayor medida las posibilidades que abren las normas de transparencia.
«Las leyes de transparencia convierten a todas las personas en periodistas en una continua «rueda de prensa permanente» –las 24 horas de los 365 días del año– por medio de preguntas de fácil, rápido y gratuito acceso a través de las sedes electrónicas de las 98 instituciones canarias y de sus órganos dependientes», indica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias. Los banners de la campaña conducen a los mapas de internet donde se hallan los 336 portales de transparencia públicos de Canarias y, sobre todo, los más de 110 sedes electrónicas que en Canarias pueden recibir sus preguntas. Las administraciones están obligadas a responder en un mes. De ser negativa la respuesta, la ciudadanía puede presentar recurso o reclamación gratuita y sin gastos jurídicos desde su casa, a través de la sede del Comisionado.
La campaña informaba asimismo de los resultados de la penúltima Evaluación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCANARIAS) en la que rindieron cuentas sobre su transparencia 661 organizaciones: 322 públicas, 46 corporaciones de derecho público y 293 privadas. Próximamente se publicarán los resultados de la última evaluación, que comprueba el cumplimiento de la transparencia durante 2020, en la que se emplazó a autoevaluarse a 1.119 entidades públicas y privadas; de las que finalmente se autoevaluaron 968 en dos fases.
En su quinta edición anual, de las citadas 1.119 entidades públicas y privadas, casi un millar [968 exactamente] han presentado su autoevaluación de transparencia en los últimos meses a través de la sede electrónica del Comisionado. Es decir, respondieron el 86 % de los censados como sujetos obligados a la transparencia pública activa, frente a los 661 declarantes del año anterior, que representaban el 74 % del censo. Continúa incrementándose la participación año tras año, a pesar de las dificultades impuestas a todos por el teletrabajo por la pandemia de la COVID-19.
Se calcula así el Índice de Transparencia de Canarias (#ITCanarias), un ranking único en el país, ya que ha llegado a alcanzar e integrar a todas las 98 instituciones principales de Canarias (universidades, cabildos, ayuntamientos y Gobierno) y a 235 de sus 247 entidades dependientes (a más del 95 % del sector público canario).
Si el año pasado hubo 14 incumplidores de las 336 organizaciones públicas citadas (apenas un 4 % del total), este año se han reducido a 12 de las 347 (menos del 3,5 % del total). Se confirma así cada año una progresión positiva del conjunto de sujetos obligados, que mejoran sus portales de transparencia y su posición en el ITCanarias.
En este ejercicio, el Comisionado de Transparencia ha añadido al censo de entidades sujetas a la evaluación a las 706 empresas, ONGs y entidades privadas que recibieron en 2020 más de 60.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias y más de 100.000 euros por parte de los Cabildos insulares, y a las 66 corporaciones de derecho público (colegios profesionales, sobre todo) de la Comunidad Autónoma. Y así, el censo de entidades para la evaluación de la transparencia ha pasado de 889 sujetos obligados del año pasado a 1.119 para el presente año.
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