FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Una fiscalía independiente | Francisco Pomares

La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, defendió ayer en una entrevista a la SER la independencia de fiscales y jueces en el ejercicio de sus funciones y se quejó de la dificultad que supone investigar los delitos en medio de la presión mediática que se suele producir, especialmente en procesos relacionados con la política o en los que los denunciados son políticos. Es completamente cierto, y a veces, insistir en lo obvio no está de más: uno de los principales problemas de la Justicia española es la presión que a veces soportan fiscales y jueces, especialmente los primeros. Porque la presión sobre los jueces es fundamentalmente mediática, pero en el trabajo de los fiscales a la presión de los medios, cada día más beligerantemente posicionados a favor de distintas opciones políticas, se suma también la presión ejercida por el Gobierno.

La organización fiscal es absolutamente jerárquica, algunos juristas consideran que incluso más jerárquica que la milicia. Todos los fiscales españoles actúan por delegación de la Fiscal General,  Dolores Delgado, que pasó en un día de ser ministra de Justicia del Gobierno Sánchez a la Fiscalía: es por tanto la señora Delgado una persona sometida a las directrices y criterios del actual Gobierno. Y es  la que, a través de su Secretaría General Técnica, decide y determina el posicionamiento de los fiscales españoles en todas las jurisdicciones y procedimientos. Esa dependencia de la Fiscalía General al Gobierno que la nombra, condiciona decisiones relevantes, no son nada frecuentes los casos en los que la Fiscalía mantiene posiciones divergentes al Gobierno. De hecho, el principal problema que tiene en estos momentos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –ya en rampa de salida- es su propuesta de crear la figura del fiscal investigador, una antigua y razonable aspiración de todos los Gobiernos de las últimas dos décadas, fueran del PP, del PSOE o de la coalición PSOE-Podemos, como el actual.

Se trata de una reforma que nos acerca al modelo europeo, y que revolucionará todo el sistema procesal español, eliminando la figura del juez instructor –no existe en países con sistemas judiciales tan garantistas o más que el nuestro, como Francia, Italia o Alemania-, otorgando en exclusiva a los fiscales la función de investigar, y dejando a jueces y Tribunales de Garantías la de garantizar los derechos fundamentales de los investigados. Este cambio tendrá evidentes ventajas, como la de asegurar una interpretación única del Código Penal en todo el país, pero –por desgracia- también tiene el gravísimo inconveniente de que politizará la investigación judicial en su primera fase, contaminándola sin remedio, en los casos en los que se investiguen asuntos de carácter político o en los que exista implicación de políticos, como los casos de corrupción.

¿Cómo han resuelto el problema en la mayoría de los países europeos? En la práctica es difícil que el nombramiento del Fiscal General no dependa del Gobierno o del Parlamento. Por eso, no se trata tanto de evitar que sea nombrado por el ejecutivo o el legislativo, sino de que su mandato no coincida con el del Gobierno. Si la legislatura dura cuatro años, el Fiscal General podría serlo durante cinco o seis, y su cese no coincidir con el de un único Gobierno, garantizándose así  una mayor autonomía. También puede plantearse la implicación del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento –proponiendo una terna, o retrasando el nombramiento en casos extremos-, o que el Consejo Fiscal actúe como contrapeso a las decisiones del Fiscal General. También podría eliminarse la figura y sustituirla por fiscalías generales regionales, que es el modelo de las lands alemanas, lo que implicaría la convivencia de distintos Fiscales Generales. Modelos hay muchos. Pero si se aprueba la reforma sin garantizar previamente una mayor independencia fiscal del Gobierno, los conflictos entre fiscales y jueces van a ser constantes, y el daño para la Justicia puede ser irreparable.

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