El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue a la espera de ser desbloqueado. Pero no hay quien lo haga. El buen desbloqueador (?) tendrá que aguardar. Si al cabo de tres años, “estacionado en una pura vía de hecho, fuera de la Constitución y de la ley”, tal como afirma la Asociación Jueza y Jueces para la Democracia (JjpD), el ostensible estancamiento prevalece, cabe preguntarse hasta dónde resistirá el funcionamiento de la Justicia.
JjpD va más lejos y acusa abiertamente al Partido Popular cuya estrategia, que califica de anticonstitiucional y antilegal, según afirma, es la única fuente de su legitimación.
Esta asociación judicial, a la vista del bloqueo que impide la renovación del CGPJ, llega a exigir, en un comunicado, a todos los vocales de este Consejo “su inmediata dimisión”. Y, de paso, apremia a los grupos parlamentarios de modo que redoblen sus esfuerzos para alcanzar un consenso que permita de una vez la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
La situación es insostenible. Es la ciudadanía la que padece las consecuencias de intereses cruzados, recelos y apremios. Juezas y Jueces para la Democracia entiende que habría que tener más sensibilidad, “cuando hay bienes jurídicos de bastante menor calado que los aquí lesionados que gozan de protección penal”.
Y explica que por eso, del Consejo suele predicarse que está indebidamente prorrogado, pero, en rigor, debería decirse que está también autoprorrogado, porque tal «intolerable situación» no se habría producido ni podría mantenerse, «sin la complicidad de su presidente y de los veinte vocales con tal estrategia partidista».
¿Cuánto tiempo más en estas poco edificantes condiciones? Hace falta voluntad política y corporativa para poner punto final a un lastimoso episodio de los órganos del poder judicial. ¿La hay? Todo da a entender que no.
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